La asociación Justicia Animal solicita más de tres años de prisión
Justicia Animal sienta en el banquillo de los acusados a la responsable de la empresa Desratizaciones Parque y a su veterinaria por presunto maltrato animal en el Centro Integral Municipal de Protección de Animales (CIMPA) de Alcalá de Henares.
«Después de años de denunciar a Desratizaciones Parque, concretamente la primera denuncia de Justicia Animal fue en 2004, por fin hemos conseguido sentar a sus responsables y su veterinaria en el banquillo de los acusados por un presunto delito de maltrato animal en el centro de Alcalá de Henares», señalan desde la asociación.
Imágenes: Justicia Animal.
«Muchos animales maltratados y muertos por el camino a lo largo de estos estos años, pero todo llega. La lucha es dura, esta gente se ha sentido impune durante años. Pero ahí están y pagarán por ello, nos vamos a asegurar de ello», concluye Justicia Animal, quien recuerda que Desratizaciones Parque gestiona actualmente el centro municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Fue precisamente esta asociación la primera que denunció ante el Seprona a la antigua concesionaria de la perrera, asegurando que los animales del centro se encontraban en un estado «lamentable».
Ahora, Justicia Animal solicita tres años y nueve meses de prisión para cada una de las acusadas por tres delitos de maltrato.
La Fiscalía, por su parte, rebaja la petición de pena a 11 meses de prisión y pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales por un período de tres años.
Mientras, el Ayuntamiento, reclama año y medio de cárcel, y una multa de 9.000 euros para la empresa.
A principios de 2016, el Gobierno municipal de Alcalá de Henares anunció el inicio de un procedimiento sancionador contra la empresa y la propuesta de retirarle el contrato para la gestión del CIMPA.
El Ejecutivo local justificó dicha actuación por haberse descubierto «graves irregularidades» en la gestión del centro, pero finalmente ese expediente se resolvió sin pruebas de maltrato animal, según denunció el PP.
Desratizaciones Parque resultó adjudicataria del servicio municipal a través de un proceso de licitación, impulsado en 2014 por el anterior Gobierno popular y en el que el criterio más valorado fue la oferta económica.
