La Fiscalía solicita una pena de 8 años de prisión
La Audiencia Provincial de Madrid juzga la próxima semana a un brigada del Ejército de Tierra acusado de tráfico, fabricación ilícita y depósito de armas de guerra, desde cañones a fusiles de asalto, que compraba inutilizadas o por piezas en distintos países y ensamblaba para venderlas.
La Fiscalía pide para el acusado, identificado como Juan Manuel S. Q., una pena de 8 años de prisión, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un plazo de 11 años.
El Ministerio Público sostiene que el procesado, con el ánimo ilícito de enriquecerse, adquirió tanto de particulares como en armerías de Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania, entre otros países, un elevado número de municiones, armas inutilizadas y cañones, entre otras piezas.
Después procedía a rehabilitarlas y ensamblarlas hasta conseguir armas de fuego completas que destinaba al tráfico ilícito.
El acusado no regentaba ningún establecimiento legalmente autorizado para la compraventa o la reparación de armas de fuego y carecía de la condición de armero que exige el reglamento de armas para fabricar, reparar o comerciar con armas de fuego o con sus piezas.
Entre las piezas fundamentales que se intervinieron con su detención, en las que se cree que había invertido 100.000 euros, había cañones, conjuntos de cierre, correderas, un cajón de mecanismos y los complementos necesarios para rehabilitar fusiles de asalto y pistolas.
En el registro de su domicilio se hallaron 4.000 euros en billetes de 50 y 2.800 dólares estadounidenses que presuntamente había conseguido con la venta de sus productos.
En diciembre de 2012, en un taller que tenía en Alcalá de Henares se hallaron diez armas completas, entre ellas dos fusiles de asalto AK47, numerosas piezas y más de 15.000 cartuchos.
Los investigadores descartaron que el militar tuviera intención de usar las armas para cometer algún ataque y determinaron que su objetivo era comerciar con ellas.
Solía adquirir las armas por Internet y las recibía por correo, hasta que la Guardia Civil detectó uno de los paquetes.
