La región cuenta con 5.334,3 hectáreas afectadas por este tipo de asentamientos en 56 municipios
La Comunidad de Madrid ha inspeccionado en los últimos cuatro años 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística, según un informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que recoge el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024.
El documento refleja que hay 5.334 hectáreas afectadas por asentamientos ilegales en 56 municipios. Cerca del 80 % se concentran en las vegas de los principales ríos madrileños, principalmente en las zonas del Tajuña (2.712 hectáreas), Jarama (1.019), Guadarrama (363) y Tajo (150).
Ante el riesgo que suponen para las personas y el medio ambiente, el Ejecutivo autonómico ha incluido la intervención sobre este tipo de edificaciones entre los objetivos del Plan 2025-2029, recientemente aprobado. Este se articula en distintas fases anuales que prevén fotografía aérea comparativa, diagnósticos sobre núcleos ilegales, expedientes sancionadores y acciones formativas para profesionales y ciudadanos.
El Gobierno regional subraya que esta iniciativa refuerza su compromiso con la protección del suelo, la legalidad urbanística y el desarrollo sostenible, y garantiza una respuesta coordinada y transparente ante las infracciones detectadas.
Imágenes: Comunidad de Madrid.
Además, la Comunidad prestará apoyo técnico y jurídico a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a los ayuntamientos, especialmente los de menos de 5.000 habitantes, mediante informes y colaboración en la ejecución de sentencias.
El balance 2021-2024 detalla también 455 visitas de inspección, 942 diligencias previas, 143 expedientes disciplinarios, 88 sancionadores, 67 órdenes de demolición y 258 requerimientos de información, con el propósito de recuperar el terreno y su entorno natural para los usos agrícolas o ganaderos previstos.
Uno de los ejemplos citados es la restauración del entorno natural afectado en El Molar, donde se evidenció el compromiso institucional con la protección del suelo no urbanizable.
El caso más reciente se ha producido en Chinchón, donde la Comunidad, en colaboración con el Ayuntamiento, ha ejecutado de forma subsidiaria la demolición de tres contenedores frigoríficos reconvertidos en viviendas situados en suelo no urbanizable de especial protección, sin el título habilitante correspondiente.
