Las armas fueron destruidas en una fundición en un proceso supervisado por agentes de la Guardia Civil
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha procedido a la destrucción de un total de 529 armas de fuego, armas blancas y prohibidas, entre las que se encontraban escopetas de caza, armas de tiro deportivo, armas cortas y defensas extensibles. Este material había sido depositado en las Intervenciones de Armas de la provincia por diferentes motivos.
El proceso de reducción a chatarra se llevó a cabo el pasado jueves en una empresa de fundición de acero ubicada en la Comunidad de Castilla y León. La operación fue supervisada por agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Guadalajara, encargados del seguimiento de la destrucción.
Cada año, una vez obtenidas las autorizaciones y cumplidos los plazos de depósito, la Guardia Civil destruye las armas intervenidas por estar prohibidas, por haber sido utilizadas en hechos delictivos o infracciones administrativas, o aquellas entregadas voluntariamente por sus propietarios al dejar de cumplir los requisitos para obtener las correspondientes licencias.
Estas actuaciones se ajustan a la normativa vigente y se enmarcan en el Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, surgido de la Conferencia Internacional celebrada en julio de 2001.
Las Intervenciones de Armas y Explosivos controlan de forma legal el acceso a las armas. El Reglamento exige requisitos como la carencia de antecedentes penales y la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre su manejo. Cuando un titular pierde el derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que las armas deban ser inutilizadas o destruidas.
La inutilización está regulada desde 2011 por una normativa estricta que afecta a todas las piezas fundamentales del arma, impidiendo que pueda recuperar su capacidad de funcionamiento. Paralelamente, la Guardia Civil realiza periódicamente la destrucción de armas de diversos calibres y armas blancas prohibidas, ya sea por su vinculación con ilícitos penales o administrativos, o por no haber sido adjudicadas en subastas tras quedar sin titular habilitado. Todo este material se reduce finalmente a chatarra mediante fundición o procesos similares.
