El informe elaborado por la Guardia Civil apunta a que la Delegación del Gobierno en Madrid conocía el peligro de celebrar manifestaciones como el 8M
El informe elaborado por la Guardia Civil, en el marco de la investigación de la manifestación del 8M (Día de la Mujer), que instruye un juzgado madrileño, pone de manifiesto la sospecha de los investigadores de que la Delegación del Gobierno no ha entregado toda la documentación solicitada sobre las alertas y advertencias sanitarias de los riesgos que conllevaba celebrar la marcha feminista pese al coronavirus.
La información requerida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que ha citado a declarar como imputado por presunta prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir las marchas feministas, ha llegado a cuentagotas y a regañadientes, tras reiteradas peticiones de la Guardia Civil y, en ocasiones, de la propia magistrada, y con expedientes administrativos incompletos, por lo que el instituto armado «ignora si finalmente ha sido aportada toda la información solicitada en los términos en que se pedía», según publica El Mundo.
Los agentes recalcan en su informe que queda pendiente de recibir desde el 8 de abril documentación relacionada con la pandemia solicitada al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón, que no ha sido entregada por ahora. «Cabe reseñar que la citada petición se ha reiterado por parte de esta unidad en numerosas ocasiones», subrayan los miembros la Guardia Civil que firman el atestado.
Asimismo, los agentes llegan a la conclusión, tras analizar toda la documentación aportada por el organismo que dirige José Manuel Franco, así como la enviada por la Comunidad de Madrid, y tras practicar decenas de declaraciones testificales en las últimas semanas, que la Delegación del Gobierno en Madrid «tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas al estado de alarma» porque «conocía los informes, recomendaciones y documentación sobre el riesgo de propagación del COVID-19 de organismos internacionales como la OMS y del propio Ministerio de Sanidad antes del 28 de febrero».
Ese día el Servicio de Prevención Riesgos Laborales de la Delegación del Ejecutivo elaboró un documento titulado «Información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el enlomo laboral frente al nuevo coronavirus (SARS-cov-2)», para el personal empleado en dicho órgano. En ese informe pidieron a los trabajadores que «mantuvieran el distanciamiento social» ante la «gravedad» de una enfermedad que podía «incluso» ocasionar la muerte.
Por otro lado, el informe recoge que entre el 5 y el 14 de marzo fueron convocadas 177 manifestaciones, de las cuales 35 acabaron siendo desconvocadas, más de 20 motivadas por la situación sanitaria. En muchos casos, según el escrito policial, no fue la Delegación del Gobierno quien suspendió las convocatorias, sino que hubo llamadas por su parte a los responsables de esas manifestaciones para convencerles de que las desconvocaran ellos mismos y que así no quedara registrado que había sido la Delegación la que las había cancelado, apunta RTVE.
El documento concluye que a partir del 5 de marzo «no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas» en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 porque ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad».
Guardias civiles piden la dimisión de Marlaska
El informe del instituto armado ha generado numerosas reacciones, sobre todo tras conocerse que fue el motivo del cese fulminante del jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, que a su vez provocó la dimisión del DAO de la benemérita, Laurentino Ceña.
Asociaciones de guardias civiles como AEGC consideran insuficientes las explicaciones que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho ha dado al respecto, «dejando muchas dudas sobre si se ha producido o no una injerencia política en la Guardia Civil». «Los guardias civiles podemos decirle al señor ministro del Interior o a la Directora General, que están tardando en dimitir o cesar precisamente por el mismo motivo, perdida de confianza de todos los hombres y mujeres que integramos esta institución, los mismos que nos hemos encontrado ninguneados y olvidados a lo largo de estos dos meses de estado de alarma», señala AEGC.
Desde APROGC exigen al Ministerio del Interior «ver el expediente instruido por falta de confianza en el que se basa el cese del coronel De los Cobos. Seguro que en tal preceptiva documentación figuran los criterios objetivos que fundamentan la necesidad urgente de la adopción de la medida el domingo por la noche». Según el Ministro de Interior el cese del coronel se enmarca dentro de un proceso de «remodelación de equipos». Teniendo en cuenta que cada provincia manda un coronel o teniente coronel, desde APROGC se preguntan «quiénes serán los siguientes» y «con qué criterio».
