El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordena la ejecución inmediata y forzosa de la sentencia firme sobre el Fuerte, tras más de siete años de incumplimiento
«El incumplimiento, la burla y la manipulación a la que la Junta de Comunidades ha sometido a Guadalajara con el Fuerte de San Francisco tienen que acabar hoy». Con estas palabras ha comenzado el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, la comparecencia en la que, junto a la jefa de Servicio de Urbanismo, Blanca Causapié, ha dado a conocer el auto notificado en la mañana de hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
Esteban ha explicado que el auto responde al incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2024, ante el incumplimiento reiterado de la sentencia nº 205/2017, de 11 de septiembre, que adquirió firmeza el 29 de octubre de 2018. Ese fallo condenaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a rehabilitar todos los espacios y edificaciones que conforman el Fuerte de San Francisco, tal y como ya se había establecido en el Plan de Singular Interés aprobado en 2004.
Según ha subrayado el concejal, el Tribunal constata de forma expresa que durante más de siete años no se ha cumplido la sentencia, rechazando los argumentos de prescripción alegados por la administración autonómica. El auto señala literalmente que «en el presente caso es un hecho notorio y no desvirtuado que más de siete años después de la firmeza de la sentencia, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no ha dado cumplimiento a las obligaciones de hacer impuestas en el fallo, no se han ejecutado las demoliciones, no se ha procedido al desalojo de los ocupantes y, salvo la licitación de dos proyectos que además han quedado paralizados, no se han avanzado en la rehabilitación del resto de inmuebles».
El TSJCLM concluye además que la inactividad de la Junta ha vulnerado la tutela judicial efectiva y recuerda que el artículo 118 de la Constitución Española establece la obligación de todas las administraciones de cumplir las resoluciones judiciales. En este sentido, el auto afirma que «la inactividad de la administración condenada ha provocado un grave deterioro de los inmuebles, como se acredita en el informe técnico aportado, y constituye un claro incumplimiento del fallo judicial que debe ser corregido por esta Sala».
Ante esta situación, el Tribunal considera procedente acordar la ejecución forzosa de la sentencia, accediendo a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Guadalajara, y fija plazos concretos, obligatorios y perentorios para cada una de las actuaciones pendientes. Así, la Sala desestima la excepción de prescripción alegada por la Junta, declara que la sentencia de 2017 no ha sido ejecutada y requiere a la Consejería de Fomento para que proceda a su inmediata y completa ejecución.
El auto establece, entre otros plazos, un mes para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de las naves de cerrajería y escuelas municipales, así como de la nave de forja destinada a biblioteca municipal; un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles incluidos en el Plan de Singular Interés; y un mes para iniciar la licitación de las demoliciones de los inmuebles incompatibles con el planeamiento.
Asimismo, concede cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de edificios conforme a los usos fijados en el anexo del acuerdo complementario de 22 de diciembre de 2010, y seis meses para subsanar las deficiencias detectadas en los informes de evaluación de edificios desfavorables.
Además, el Tribunal requiere a la Junta para que en el plazo de diez días identifique ante la Sala a la autoridad o funcionario responsable de impulsar y culminar las actuaciones ordenadas, advirtiendo expresamente de que el incumplimiento del auto «podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas y a la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
Durante la comparecencia, Alfonso Esteban ha señalado que este auto supone un respaldo rotundo a la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara y a la defensa firme de los intereses de la ciudad. «Hoy queda demostrado que el Ayuntamiento tenía razón y que lo que venimos denunciando desde hace años no era un relato político, sino una realidad avalada por los tribunales», ha afirmado, recordando que la obligación de rehabilitar el Fuerte no dependía de nuevos convenios ni de acuerdos adicionales, sino del cumplimiento de una sentencia firme.
Por su parte, Blanca Causapié ha precisado que los usos de los distintos inmuebles quedaron definidos en el anexo de 2010, en el que se concretaron usos de equipamientos públicos municipales, como biblioteca, escuelas municipales, espacios culturales, administrativos, juveniles, residencia de estudiantes, museo de la ciudad o centro de información turística. También ha señalado que correspondía en todo momento a la Junta la ejecución de las obras, así como la tramitación de los desalojos y las posibles indemnizaciones cuando proceda.
Desde el Ayuntamiento se confía en que, una vez transcurrido el plazo legal de recurso, «la Junta acate el auto y lo cumpla, poniendo fin a más de dos décadas de incumplimientos con la ciudad de Guadalajara y a una situación que ha perjudicado gravemente a uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de Guadalajara», concluía Alfonso Esteban.
