La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el archivo de un juzgado que exime de cualquier responsabilidad tanto al personal directivo como a la Administración regional
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión de un juzgado de la capital de archivar las diligencias previas motivadas por una querella contra la Comunidad de Madrid por los protocolos de derivación hospitalaria que, durante la primera ola de la pandemia, aplicó en las residencias de mayores.
En un auto fechado el pasado 20 de febrero, la Audiencia Provincial desestima un recurso de apelación que presentaron los querellantes y el Ministerio Fiscal contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones que dictó el 10 de noviembre de 2022 el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que entendió que «no estaba justificada la perpetración del delito que dio lugar» a las diligencias previas, según informa Efe.
Las querellantes eran las hijas de dos internos de la residencia Adolfo Suárez de Madrid que fallecieron en la primera ola de la pandemia, y acusaron a la Comunidad de Madrid de homicidio, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. Alegaban, concretamente, que el Gobierno regional no tomó medidas en las residencias «hasta finales del mes de marzo de 2020, lo que se tradujo en un elevadísimo número de decesos»; que a los residentes fallecidos «no se les trasladó al hospital»; y que «apenas ofrecieron información» a los familiares.
La Audiencia considera, al igual que el juzgado instructor, que, «la situación excepcional de la primera ola de la pandemia motivó la adopción de procedimientos, recomendaciones, protocolos e instrucciones técnicas dirigidos a paliar las consecuencias del escenario de desbordamiento sanitaria, aunque no pueden verse indicios racionales de criminalidad».
La Audiencia añade que la investigación fue «completada de forma minuciosa y detallada por el juzgado instructor», citando, por ejemplo, el informe de un médico forense que indica, respecto a los fallecidos: «No se puede garantizar que, de haber sido derivados a un hospital y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final hubiera sido otro».
Se cita asimismo a tres médicos de la residencia, que sostienen que «no se tenían en cuenta siempre los protocolos» y que, con cada paciente y caso por caso, se tomaba una decisión clínica. El tribunal también rechaza la petición de que se llame a declarar a altos cargos de la Comunidad de Madrid, pues «no fueron testigos presenciales de los hechos» y entiende que su responsabilidad sería, en todo caso, administrativa, y no penal.
