Quienes participaran en la difusión de dichas imágenes se enfrentan a penas de entre tres meses y un año de cárcel
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en Alcalá de Henares para determinar quién envió el vídeo, si fue ella misma la que lo subió por error a un grupo de WhatsApp, como se dijo en un principio, si fue un exnovio, o un compañero de trabajo, informan fuentes policiales a MiraCorredor.
Por el momento se desconoce quién fue. Sólo se tiene constancia de que existe una grabación que fue compartida por varios trabajadores, no por todos, y que podría ser lo que llevó a Verónica, la joven de 32 años, vecina de Alcalá, casada y madre de dos hijos pequeños, al suicidio.
Los agentes tratan de determinar, por tanto, el origen del vídeo y quiénes lo compartieron, rastreando teléfonos y analizando la imágenes. A su vez, La Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática ha pedido a la Policía un informe para conocer si los hechos son constitutivos de delito.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares se ha hecho del caso, pero sólo en lo que respecta al suicidio, al no existir denuncia sobre la difusión del vídeo, al parecer grabado hace cinco años.
Al mismo tiempo, la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto de oficio una investigación ante la posible difusión sin consentimiento de las imágenes. Y los sindicatos, por su parte, han puesto el foco en la empresa, a la que acusan de no haber tomado medidas para evitarlo.
El Código Penal establece para quienes participaran en la difusión de dichas imágenes privadas sin autorización de la persona afectada penas de entre tres meses y un año de cárcel por violar gravemente su intimidad, aunque la víctima diera en su día su consentimiento para ser grabada. En este sentido, expertos en derecho matizan que ver las imágenes no es delito, el delito es reenviarlas.
