La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid condena a Isa Serra como responsable de un delito de atentado durante un desahucio
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha condenado a Isabel Serra a un año y siete meses de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo por un delito de atentado, tras considerarla responsable de haber proferido insultos, haber dado empujones y haber arrojado objetos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la protesta contra un desahucio, el 31 de enero de 2014, en el madrileño barrio de Lavapiés.
Los jueces consideran también culpable a la acusada de un delito leve de lesiones, por el que le imponen una pena de multa de cuatro meses, a razón de una cuota diaria de diez euros, y de un delito de daños, por el que la sancionan igualmente a pena de cuatro meses, con la misma cuota diaria.
La Sala absuelve a Isabel Serra del delito de desórdenes públicos que le solicitaba el Ministerio Fiscal, al considerar que no quedó acreditado durante el juicio, pese a la violencia desarrollada y los lesivos resultados provocados, que la intención de los autores de estos actos fuera la de atentar contra la paz pública, presupuesto básico para aplicar esta figura delictiva.
En relación a la responsabilidad civil, Isabel Serra deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro 400 euros.
Los jueces consideran que en el juicio celebrado en la Sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, debido a la condición de aforada de la acusada, diputada de la Asamblea de Madrid, ha quedado acreditado que Isabel Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de Policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial, hasta el punto de obligar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban e, incluso, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los allí congregados se llevaran algún objeto de su interior, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón de la comitiva policial.
«La acusada -dice la sentencia-, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros».
«A otra agente de Policía le dirigió frases como: Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos», según la sentencia.
Como consecuencia de estos episodios de violencia, dos agentes de Policía Municipal resultaron heridos. Uno, tras ser alcanzado con un objeto contundente que le impactó en la mano izquierda, y el otro al recibir el impacto de otro objeto en el casco, lo que le provocó un desvanecimiento y una contractura cervical con mareos y vértigo.
Al afrontar los fundamentos de derecho de este caso, los jueces aclaran que el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión pacífica, «son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y sirven como vehículos para canalizar protestas, en principio legítimas, como el caso presente de solidarizarse con una persona desahuciada de la vivienda que ocupa». «Ahora bien –añaden-, al igual que otros derechos fundamentales, su ejercicio tiene límites, siendo uno de ellos el que su legítimo ejercicio no puede amparar comportamientos ilegales o castigados por el Código Penal».
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, ha sido duramente criticada por la cúpula de Unidas Podemos. El líder de la formación y vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, expresaba en Twitter que «las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso».
Por su parte, la diputada de Podemos, ha publicado un vídeo en el que califica la sentencia de «desproporcionada e injusta». Serra dice que «por mucho que lo intenten, no dejaremos de luchar por lo que es justo, por lo que es evidente» y da dado las gracias por «todo el apoyo» recibido, pero no habla de dimitir.
Me condenan por manifestarme contra un desahucio. Es una sentencia desproporcionada e injusta.
Por mucho que lo intenten, no dejaremos de luchar por lo que es justo, por lo que es evidente.
Muchísimas gracias, de veras, por todo el apoyo que estoy recibiendo.?? pic.twitter.com/c0vjlpjB15
— Isa Serra (@isaserras) April 22, 2020
