Ha ocurrido en Tres Cantos
Una mujer peruana de 29 años que llamó a la Guardia Civil al sospechar que un hombre que merodeaba armado por su chalé de Tres Cantos (Madrid) pudiera robarle fue finalmente detenida, junto con un estadounidense de 34, por tener en la casa una infraestructura de alto rendimiento para cultivar marihuana.
La vivienda, muy cercana a la Comandancia de la Guardia Civil, contaba con bombas de agua para el impulso del riego automático, lámparas, filtros de agran tamaño y un sistema de extracción de olores, todo ello abastecido por una instalación eléctrica ilegal conectada al alumbrado público, según informa la Guardia Civil.
El suceso tuvo lugar el pasado día 6 cuando la propia detenida llamó a la Guardia Civil y afirmó que en las inmediaciones de su vivienda se encontraba un hombre sospechoso portando un arma y merodeando por el exterior de la misma.
Agentes del puesto principal de Tres Cantos de la Guardia Civil, muy próximo al chalet, se dirigieron al mismo y vieron a la mujer con gran nerviosismo y en un primer momento negó que ella hubiera sido la que realizó la llamada de alarma.
Mientras los guardias civiles hablaban con ella detectaron un fuerte olor de marihuana que provenía de la vivienda, observaron que todas las ventanas se encontraban tapadas y vieron una infraestructura de numerosos cables por lo que sospecharon que en el interior del chalet podría haber un laboratorio dedicado al cultivo de marihuana.
Al registrar la vivienda los agentes encontraron en dos plantas una infraestructura de alto rendimiento para tal fin e intervinieron 5,9 kilos de marihuana limpia distribuidos en quince paquetes envasados que tenían preparados y dispuestos para la distribución de la sustancia.
También aprehendieron 2.400 euros en moneda fraccionada, varios kilos de abono, fertilizantes y herramientas que utilizaban para el cultivo.
El ciudadano estadounidense cuenta con antecedentes por hechos similares y tanto a él como a la mujer peruana se les atribuye ahora delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
Se estima que la sustancia estupefaciente podría haber alcanzado un precio en el mercado de unos 30.000 euros.
