Centenares de personas salieron a las calles para protestar contra la okupación ilegal de decenas de viviendas del municipio
Cientos de vecinos de Horche (Guadalajara) se manifestaron este pasado sábado por la tarde en la localidad contra la ocupación ilegal de decenas de viviendas, más de 60, en el municipio bajo el lema «Horche sin okupas. CaixaBank responsable».
Convocados por la asociación vecinal Defiende Horche, los vecinos salieron a la calle para denunciar los problemas está generando la okupación ilegal de viviendas en la localidad, como robos, hurtos, amenazas, intentos de agresión, vandalismo, tráfico de drogas.
Además señalaron que las propias viviendas están siendo anunciadas en portales inmobiliarios a 1.200 euros con derecho a luz y agua gratis, por lo exigieron soluciones ante «un verdadero problema de orden público».
«Vivimos bajo un marco legal que protege al maleante, al que asalta una propiedad privada, sea de un banco o de un particular y que automáticamente se convierte en legítimo dueño de lo ajeno y eso lo respalda la ley», decía el manifiesto.
Imágenes publicadas en Facebook por la asociación Defiende Horche.
«Los okupas gozan de impunidad asaltando casas e incluso barrios enteros, convirtiéndolos en verdaderos guetos donde las mafias de todo tipo campan a sus anchas riéndose y presumiendo de ello al sentirse protegidos», continuaba.
La asociación cree que urge la aprobación de una ley estatal contra la ocupación de viviendas, apoyos y soluciones y que se les escuche porque la situación es «insostenible», por lo que urgen al Gobierno de Sánchez a que actúe de inmediato.
Desde Defiende Horche responsabilizan a Caixabank por no querer implicarse en el problema, a pesar de que muchos de los pisos okupados son de su propiedad, mientras que otros son de vecinos del pueblo que han terminado marchándose de la localidad.
En la marcha también intervino el alcalde de Horche, el socialista Juan Manuel Moral, que se mostró muy preocupado por la situación «provocada por esos okupas que están creando temor y miedo», y lamentó que que la ley que aprobó el Gobierno de Castilla-La Mancha esté aún «guardada en un cajón».
