El Tribunal Supremo podría dar a conocer el fallo definitivo antes de fin de año
La abogada de la familia de Katia Esteban, la joven de Daganzo de Arriba que perdió la vida junto a otras cuatro chicas en la Fiesta de Halloween de 2012 celebrada en el recinto Madrid Arena, ha pedido este martes ante el Tribunal Supremo que se condene a los doctores Simón Viñals y a su hijo Carlos como responsables de un delito de homicidio imprudente profesional por haber incurrido en numerosas negligencias médicas durante la reanimación de las jóvenes.
Así lo ha defendido la letrada en la vista pública en el Alto Tribunal para tratar los 18 recursos de casación ante la sentencia de la Audiencia Provincial sobre la tragedia del Madrid Arena, que dejó sin responsabilidad penal a los doctores encargados de la dotación médica en las instalaciones.
«La valoración de la Audiencia llegó a unas conclusiones ajenas a las pruebas presentadas en el juicio», ha comenzado su intervención la abogada de la familia de Katia Esteban, que ha sostenido que la actuación de los médicos afectó a las circunstancias de los sucesos: «negarlo es absolutamente ridículo», según sus palabras recogidas por Europa Press.
La letrada ha defendido que la sentencia incurrió en «irracionalidad y racionamientos absurdos», como por ejemplo que la edad de Simón Viñals no afectara a su capacidad para atender a las víctimas. «No podía realizar la actividad para la que fue contratado», ha añadido.
Katia junto a su padre, en una foto cedida a MiraCorredor.tv.
En un sentido más general, ha defendido que los doctores presentaron «abandono de obligaciones» y «vulneraron todas las normas de su profesión como queda demostrado en los hechos probados».
Para argumentar dicha afirmación ha citado la página 59 de la sentencia, en la que se explica que las cinco jóvenes fallecieron sin que los doctores le prestaran la suficiente atención médica, lo que «aumentó la posibilidad de que no pudieran recuperarse de las lesiones sufridas». Para la letrada esto es suficiente para demostrar que con su «no actuación» incrementaron el riesgo de muerte de las chicas.
Por su parte, la abogada de la familia de Cristina Arce, otra de las jóvenes fallecidas, ha alegado la existencia de errores de diagnóstico de Simón Viñals durante la reanimación de la chica, «que se tendría que haber hecho durante al menos 30 minutos según el protocolo, pero se hizo solo durante 22». «Por otra parte, no creemos que se le aplicara adrenalina, aunque no lo podemos probar», ha puntualizado, recordando que no existe documentación médico legal con respecto a la actuación de los Viñals.
Por último, ha citado la página 57 de la sentencia de la Audiencia Provincial que asegura que Simón Viñals «abandonó las maniobras de reanimación porque Cristina ya había fallecido», lo que a sus ojos demuestra las «numerosas negligencias» en las que incurrieron los doctores.
La vista pública celebrada este martes es el último trámite para todas las partes que dispondrán de unos minutos para exponer las líneas básicas de sus recursos. La vista pública tiene un carácter meramente técnico con el fin de reforzar la argumentación jurídica de cada uno de los recursos. No se puede añadir prueba ni pedir comparecencias.
La Sala escuchará también los argumentos de las empresas de seguridad consideradas responsables, como Kontrol 34 y Seguriber. Igualmente han recurrido las aseguradoras Mapfre y Zurich.
No lo hizo el Ayuntamiento de Madrid que aceptó su condena como responsable civil subsidiario ni la Fiscalía, satisfecha con la resolución.
Así, el principal responsable de la tragedia, Miguel Ángel Flores, a través de su defensa insistirá en que la Audiencia «se inventó la sobreventa de entradas», dado que «no existe una sola prueba de cargo» que demuestre que él vendiera 16.492 entradas.
No obstante, habrá que esperar unas cuantas semanas para que la Sala se reúna para la deliberación y fallo firme, algo que podría ocurrir antes de fin de año.
Se espera que, con toda probabilidad, el Alto Tribunal ratifique la resolución de la Audiencia Provincial, que condenó al promotor del evento como responsable de la muerte de las cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012 a cuatro años de prisión, la misma pena que tendrán que afrontar otros seis acusados. La sentencia absolvió, sin embargo, a ocho procesados, incluidos los médicos Simón y Carlos Viñals, así como al exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, según informa Efe.
