La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras 5 jurídicas
La Guardia Civil, en el marco de la Operación INJINI, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de residuos peligrosos. La actividad se desarrollaba en un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT), ubicado en la Comunidad de Madrid, y se servía de una red de empresas vinculadas a la gestión de ese tipo de vehículos, principalmente de motocicletas y ciclomotores, distribuida por varias provincias españolas, para exportarlas ilegalmente, como vehículos de segunda mano, a diversos países africanos, además de Italia, Portugal y Polonia.
Esta empresa estaría adquiriendo vehículos dados de baja, en concreto motocicletas y ciclomotores, que tenían la consideración de residuos peligrosos, para su gestión como residuos, pero en lugar de descontaminarlos y venderlos por piezas, eran exportados como vehículos de segunda mano, principalmente a países africanos, pero también a Italia, Portugal o Polonia y, en menor escala, a particulares de distintos puntos de España.
Eran transportados completos, y declarados como efectos de segunda mano, evitando así las prohibiciones de exportación para residuos peligrosos. Los vehículos se adquirían como residuo a un precio muy bajo, y se vendían sin sufrir ningún tipo de tratamiento como vehículos usados, lo que aumentaba considerablemente el margen de beneficios. Además, estos servicios no se declaraban como parte de la actividad lícita de la empresa, que la había, defraudando así a la hacienda pública y consiguiendo aumentar las ganancias.
La Guardia Civil también ha investigado a la empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores, ya que parte de la plantilla eran operarios sin contrato laboral. La mayoría de los pagos se hacían en metálico y sin facturas. Además, tenían almacenados un elevado número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización que excedían el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamientos.
Esta práctica irregular habría generado un alto nivel lucrativo a los integrantes de la organización, que disfrutaban de un alto nivel de vida y habían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, aperturas de fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados para el capital social en la constitución de otras personas jurídicas que engrosaban el entramado societario. Los investigadores han identificado activos por valor de 5 millones de euros, que actualmente se encuentran bajo control judicial.
La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras 5 jurídicas y en la investigación económica asociada se ha verificado que, sólo en el tiempo que ha trascurrido la investigación, el entramado criminal habría obtenido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros. En los diversos registros se ha intervenido cuantioso material documental e informático para analizar, cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, además de varias armas y munición.
