La Comunidad de Madrid ultima un acuerdo con las grandes plataformas, como YouTube, para controlar el contenido en las aulas
La Comunidad de Madrid estrena la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, un texto que sustituye al vigente desde 1995 e incorpora todas las novedades legislativas para dar una respuesta integral a los nuevos retos y necesidades de los niños y proteger su bienestar en todas las etapas de la vida.
La norma incluye en los currículos de todas las etapas educativas formación y contenidos para garantizar el aprendizaje por parte del alumnado de las competencias y habilidades digitales básicas. Esta medida tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías y evitar los riesgos derivados de su uso inadecuado.
Esto se complementa con la exigencia a los editores y publicadores de contenidos de adultos de verificar de manera eficaz la mayoría de edad de sus usuarios o instalar por defecto el control parental en todas las nuevas altas de acceso a internet. En este sentido, el Gobierno regional ultima un acuerdo con las grandes plataformas, como YouTube, para controlar el contenido en las aulas.
El objetivo es limitar el contenido al que se podrá acceder desde los ordenadores de los centros educativos, especialmente en Primaria y Secundaria. La Comunidad de Madrid quiere que las nuevas altas de acceso a Internet lleven instalado por defecto el control parental para impedir el acceso de los alumnos a contenido reservado para mayores, como contenido pornográfico, violento, casinos o apuestas online.
La nueva ley también pone un especial énfasis en asegurar que los menores de la región no sean víctimas de ningún tipo de violencia, estableciendo medidas de sensibilización, prevención, detección y reparación del daño y promoviendo entornos protectores en todos los lugares donde los niños desarrollan su vida diaria.
También incluye sanciones de hasta 30.000 euros para las personas que incumplan el deber de comunicar las situaciones de violencia sobre un menor que puedan conocer. En este sentido, la norma establece que los profesores que sean conocedores de estos casos en sus centros de trabajo y no informen o denuncien recibirán una importante sanción económica.
La normal castigará el hecho de «incumplir el deber de comunicación de situaciones de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, de quienes por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de dicha situación».
También se recoge como falta muy grave «la participación de menores de 16 años en actividades que conlleven situaciones de grave riesgo para su salud e integridad física» que sean permitidas por promotores de espectáculos o festejos públicos, así como el uso de imágenes de los menores «en la publicidad de productos, bienes servicios que les están prohibidos».
