La Comunidad de Madrid recurrirá la medida ante al Tribunal Constitucional
Madrid se ha convertido este martes en la única capital europea con los escaparates de los comercios apagados a las 10 de la noche, al entrar en vigor real decreto del plan energético del Gobierno de España que impone el apagón desde las 22:00 horas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el real decreto que, a su juicio, «va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad».
«Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC», ha escrito la dirigente autonómica en su cuenta de Twitter. También han pedido su retirada las demás comunidades gobernadas por el PP.
La Comunidad de Madrid presentará dicho recurso de inconstitucionalidad al considerar que se está «poniendo en cuestión las competencias propias» de la Comunidad, en concreto las ligadas al comercio, donde se impone el apagón.
El consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, se ha mostrado muy crítico, al imponer el Gobierno de Sánchez un «apagón de todos los comercios, algo que no sucede ni en Berlín ni París ni Londres».
Fernández-Lasquetty, además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «no querer que haya vida en Madrid» y ha lamentado que no haya consensuado con las comunidades ni sectores afectados el real decreto del plan energético. «Es una invasión de competencias y del principio de libertad. Va absolutamente en contra de lo que es Madrid. La vida de Madrid que forman parte de esos comercios abiertos y que ahora pretenden cerrarlo y apagarlo todo. No quiere que haya toda esa vida que hay en lugares como Madrid y otros lugares de España».
«Cuando los visitantes extranjeros señalan la sensación de seguridad por la noche como uno de los principales motivos para viajar a Madrid, la imagen de la Gran Vía completamente a oscuras es la mejor campaña de disuasión del turismo que podría concebirse», señala, por su parte, la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera De la Cruz.
La Comunidad de Madrid, a través de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha pedido una «conferencia urgente de presidentes ante las lagunas del plan» de eficiencia energética. Martín ha exigido que se convoque una cumbre de presidentes autonómicos «ante la incertidumbre que se ha creado con el real decreto y también con el objetivo de que se aborde el precio de la factura de la luz».
Estos son los 10 aspectos del real decreto ley que la Comunidad de Madrid ve que tienen defectos desde el punto de vista constitucional.
1. El carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas decae porque el objetivo del Real Decreto Ley (RDL) no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema, por lo que el Gobierno regional considera que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción.
2. De la misma forma, expone el Ejecutivo autonómico, ese carácter básico es cuestionable porque nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio.
3. El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación.
4. La obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación.
5. La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?
6. El apagado de escaparates a las 22:00 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?
7. El apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico.
8. El adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico.
9. Se produce una discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea -1 año- y la indicada en el RDL -hasta octubre de 2023-.
10. La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante el COVID.
