La Comunidad de Madrid ha destinado ya más de 4,5 millones de euros en los trabajos de rehabilitación de las viviendas y en gastos de realojamiento, manutención, suministros y transporte de los afectados, entre otros
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la inversión de otros dos millones de euros para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia, inspección, seguimiento y diagnostico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación de los edificios afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Estos inmuebles están ubicados en las calles Pablo Olavide –números 1, 3, 5, 7, 9 y 11- y Ventura Argumosa -número 20- en el municipio San Fernando de Henares.
Este presupuesto se suma a los encargos con el mismo fin realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa desde el inicio del año, y que han sido también validados por Consejo de Gobierno, por un montante global superior a los 4,5 millones de euros.
Las actuaciones incluyen el realojamiento de los ocupantes de los edificios, manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, gastos de transporte entre puntos de alojamiento y San Fernando de Henares, suministros en las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios.
También se incluye la vigilancia de inmuebles, inspección y seguimiento estructural, diagnóstico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación. Este contrato tendrá una validez de nueve meses desde el comienzo de los trabajos a finales de marzo.
Hasta la fecha, la Gobierno regional tiene realojadas a 32 familias, la mayoría en apartahoteles, a los que se suman ya las 14 de las calles Pablo Olavide y Ventura de Argumosa, que han sido trasladadas a pisos en régimen de alquiler, sufragados en su totalidad por el Ejecutivo madrileño, al igual que los costes de los suministros (agua, luz y gas). Otras dos familias, hasta que puedan acceder a un piso en régimen de alquiler, se instalarán en un apartahotel o en un hotel, cuyos gastos también serán abonados por la Comunidad de Madrid.
El Gobierno autonómico continúa con su plan de actuación para la zona con el objetivo de conseguir estabilizar y consolidar el terreno, así como realizar todos los trabajos que sean necesarios en las viviendas y los edificios afectados directamente. Además, se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados e intensificará las inspecciones en estas casas.
