La Fiscalía quiere saber si uno de los supuestos violadores es o no imputable
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 3 de Guadalajara, que tramita la causa por la presunta violación grupal a una niña de 12 años en Azuqueca de Henares, que se emita un informe forense de imputabilidad de uno de los tres acusados mayores de edad, según publica El Heraldo del Henares, que fue quien adelantó en exclusiva la noticia de la supuesta violación silenciada por las autoridades durante un año.
Según el informe del Ministerio Público, en el sumario consta un parte del Hospital de Guadalajara que informa de que uno de los tres procesados, Omar B., habría sido atendido por un «trastorno esquizofréniforme y tratamiento, derivado al CEX (Centro de Especialidades y Tratamiento) para seguimiento del cuadro según evolución».
Añade la fiscal que «también consta en el sumario un auto del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Guadalajara 108/2018 en el que se acuerda el internamiento no voluntario urgente del procesado» (en área psiquiátrica hospitalaria).
«Por todo ello y a la vista de ambos informes, pudiendo estar afectada su imputabilidad se interesa que por dos médicos forenses se realice informe sobre este extremo del procesado», concluye la Fiscalía.
La Fiscalía presentó esta solicitud tras dictar el juzgado el auto de conclusión del sumario, momento en el que se presentan los escritos de acusación y se remite el procedimiento a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento.
Sin embargo, la Fiscalía ha manifestado su disconformidad con esta conclusión y ha pedido al juez que revoque dicho auto de conclusión y se practique la prueba interesada de imputabilidad del procesado.
Según han informado fuentes juridicas a El Heraldo del Henares, esta prueba tiene por objeto que dos médicos forenses examinen psiquiátricamente al procesado y emitan un informe en el que se determine si sus facultades mentales y volitivas le permiten discernir el bien del mal y la consecuencia de sus actos.
Con ese informe, tanto la defensa como las acusaciones podrán solicitar una pena u otra, incluso la libre absolución del acusado.
Los hechos tuvieron lugar el 15 de marzo de 2018, cuando la menor, una niña española de 12 años de edad, se encontraba en compañía de varios amigos de su edad en el Parque del Lavadero de Azuqueca. Sobre las 13 horas, se presentaron varios jóvenes, todos ellos de origen marroquí y alguno nigeriano, entre ellos, algunos menores de edad, que eran conocidos de la víctima por el entorno escolar o de amistades comunes.
Estos jóvenes cogieron a la niña y a una de sus amigas y se las llevaron en volandas a un edificio abandonado próximo al parque, una antigua residencia de ancianos de la calle Virgilio Navarro, que lleva varios años cerrada. Allí las introdujeron en una de las habitaciones, en donde las retuvieron durante unos minutos mientras entre ellos discutían en árabe. Minutos después, liberaron a la amiga «por ser mora», según le explicó esta última a la víctima antes de abandonar la casa.
Uno de ellos cogió a la niña en brazos por la fuerza y se la llevó a uno de los baños de la vivienda. Allí, colocaron unas chaquetas en el suelo y la tumbaron a la fuerza boca abajo. Durante al menos 45 minutos, según la víctima, fue violada a la fuerza tanto anal como vaginalmente, mientras uno de los acusados custodiaba la puerta de entrada al edificio armado con un palo impedía que los amigos de la niña pudieran entrar a socorrerla. «El que entra, no sale», decía amenazante.
Cuando el grupo, tres mayores de edad y tres menores, consumaron la agresión sexual, la menor pudo salir del edificio y denunciar los hechos. Esa misma tarde, la Guardia Civil de Azuqueca de Henares comenzó sus investigaciones y realizó las primeras detenciones. En total, fueron identificados seis de los intervinientes, tres de ellos menores de edad.
Los menores pactaron sus penas con la Fiscalía de Menores y ya han sido condenados a tres años de internamiento en un centro cerrado y vigilado, más otros cinco años de alejamiento respecto de la víctima una vez que cumplan la pena privativa de libertad. De los tres mayores de edad denunciados, con edades entre 18 y 20 años, Ousama Ch., líder de la manada, sigue en prisión preventiva acusado de los delitos de agresión sexual y detención ilegal. Además, la Fiscalía argumentó que utilizó a su novia para intentar comprar el silencio de la víctima.
El segundo adulto, por su parte, quedó en libertad tras presentar una coartada, mientras que el tercero, Omar, quedó en libertad porque existían dudas sobre si se encontraba en plenitud de facultades mentales. Por eso, ahora, la Fiscalía quiere determinar con exactitud si este acusado es imputable o no.
