Los hosteleros reclaman lo que han dejado de ingresar por los cierres impuestos durante la pandemia
Un millar de hosteleros preparan una avalancha de demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, que se dirigirán contra el Gobierno central y contra las comunidades autónomas que han decretado el cierre de la hostelería.
Se presentarán ante el Tribunal Supremo, en concreto, en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y exigirán lo que han dejado de ingresar entre 14 de marzo y 31 de diciembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, hasta 67.000 millones de euros, cifra en la que en cada caso se ponderará el efecto de gastos y ERTE.
Así lo ultiman hosteleros de las distintas comunidades autónomas, agrupados en la plataforma La hostelería de todos, con el despacho Cremades & CalvoSotelo, que ha preparado una estrategia legal en la que cada afectado presentará su propia demanda con las pérdidas que le competan pero en la que todas las demandas serán iguales, dirigidas contra el Gobierno y contra las comunidades, ya que no cabe en este momento en España presentar una demanda colectiva.
Desde la plataforma recuerdan que «el sector de la hostelería se sitúa como el tercer empleador en nuestro país, superando los 300.000 negocios. Millones de familias viven del trabajo en bares, cafeterías y restaurantes que suponen una aportación cercana al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Asimismo, la hostelería española es un factor de competitividad de nuestro país que nos ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del mundo».
«La crisis del COVID-19 ha arrasado como un tsunami el día a día de la hostelería. Se calcula que unos 100.000 negocios pueden llegar a cerrar a consecuencia de las medidas restrictivas. La facturación desde marzo se ha desplomado en más de un 50% y se han dejado de facturar unos 67.000 millones de euros», añaden.
«Todo esto cuando, según datos del Ministerio de Sanidad, los contagios en bares, restaurantes y cafeterías representan solo el 3,4% de todos los que ha habido en España desde el principio de la desescalada», prosiguen.
Por ello, desde La hostelería de España han decidido «promover una reclamación judicial que no cuestione con carácter general las medidas de cierre, horarios, distancia social o limitación de aforos pero sí reconozca el derecho de uno de los sectores que más están sacrificando en esta pandemia a ser indemnizados por las administraciones públicas».
«Este tipo de indemnizaciones están siendo reconocidas por los gobiernos de países como Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda o Francia, sin embargo en España, ante la indiferencia de las autoridades, los hosteleros nos hemos visto abocados a reclamar judicialmente esta compensación justa y recogida en nuestra propia Constitución Española en su artículo 106.2», concluyen.
Las ayudas a la hostelería en España, a la cola de Europa
Los hoteleros de las comunidades donde, a día de hoy, se están decretando cierres totales como Castilla-La Mancha, han salido a las calles estos días para protestar contra la medida y pedir la apertura inmediata de sus negocios. Los manifestantes reclaman ayudas directas, un plan de rescate para poder seguir trabajando y no verse abocados al cierre definitivo y a la ruina.
Desde la patronal Hostelería de España denuncian que el conjunto de las ayudas directas a la hostelería aprobadas en España, no llegan a los 750 millones de euros y critican que «el siguiente país que menos ha invertido en ayudas directas al sector ha sido Rumania, el cual ha destinado 2.000 millones de euros y cuyo sector representa 6,5% de su PIB, frente al 12,5% de España».
Según expone, «a Rumania le sigue Italia, cuyo sector turístico no llega al 6%, con 5.000 millones de euros. Esta situación contrasta con la de otros países como Alemania, Países Bajos o Dinamarca, los cuales superan los 10.000 millones de euros, cada uno en estos últimos tres meses. Y todo ello, a pesar de que España es el país cuyo sector turístico viene representando, desde hace años, un mayor porcentaje de su PIB, mientras que países en los que el turismo representa un menor peso, han destinado hasta 30 veces más en ayudas en su sector turístico y hostelero».
«Tras casi un año de cierres totales y medidas restrictivas, si el Gobierno no pone en marcha un plan de ayudas directas con los 8.500 millones de euros que reclama el sector, se calcula la pérdida de un millón de empleos, entre directos e indirectos, y el cierre de 100.000 establecimientos», afirman desde la organización.
