Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo deberá presentar un nuevo decreto o iniciativa legislativa separada para sacar adelante la subida
El Pleno del Congreso ha rechazado este martes el decreto ley del llamado escudo social, un decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y un paquete de medidas relacionadas con la prohibición de desahucios y de cortes de suministros básicos a personas vulnerables. El texto ha decaído con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
Como consecuencia directa, queda sin efecto la subida general del 2,7 % de las pensiones, que ya había entrado en vigor, así como el resto de medidas incluidas en el decreto. El Gobierno se ve ahora obligado a registrar un nuevo texto que recoja exclusivamente la revalorización de las pensiones si quiere recabar los apoyos necesarios para sacarla adelante.
Desde el PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP su voto en contra y ha acusado a los populares de tomar «como rehenes» a los jubilados al bloquear un decreto que, según el Ejecutivo, tenía como objetivo proteger a los colectivos más vulnerables.
El PP ha defendido su rechazo al considerar que el Gobierno mezcló deliberadamente asuntos distintos en un mismo decreto para forzar apoyos parlamentarios. «El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El Partido Popular cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también», ha afirmado Alberto Núñez Feijóo. «Que tramite este tema en exclusiva, como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación», ha añadido en un mensaje publicado en la red social X.
En una línea similar, Vox y Junts han justificado su voto en contra al entender que las medidas incluidas en el decreto sobre desahucios y suministros suponen, en la práctica, un respaldo indirecto a la okupación y a la inquiokupación, una situación que, según estas formaciones, perjudica gravemente a los propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas y no pueden desalojar a los okupas ni a los inquilinos morosos para recuperar sus inmuebles.
Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo deberá ahora —como ya ocurrió en enero de 2025— presentar un nuevo decreto o iniciativa legislativa separada, centrada únicamente en la revalorización de las pensiones o con alguna otra medida que tenga el respaldo de la mayoría del Congreso, si quiere que la subida salga adelante. Hasta entonces, queda en suspenso, a la espera de una nueva votación.
