En relación con los archivos sobre la remodelación de la Plaza de España
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Coslada ha ordenado el procesamiento de la alcaldesa de San Fernando de Henares, Catalina Rodríguez Morcillo, por los presuntos delitos de descubrimiento, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación en relación con los archivos sobre la remodelación de la Plaza de España.
El Juzgado procesa también a Jaime Morales García, asesor jurídico de la alcaldesa, y a Joaquín Gómez Azcárate, voluntario del grupo político San Fernando Sí Puede por los presuntos delitos de infidelidad de custodia de documentos y de revelación de secretos.
Según señala el auto, al que ha tenido acceso MiraCorredor, «de las diligencias relacionadas en el antecedente de hecho de esta resolución, que se entienden por suficientes para dar por concluida la presente instrucción, se desprende la comisión de hechos constitutivos de delito, y su participación en ellos de los investigados».
En el mismo se recoge que la alcaldesa y el asesor jurídico autorizaron a Joaquín Gómez a manejar datos facilitándole las llaves del archivo pudiendo «operar libremente y manejar dichos datos y documentos sin control alguno».
Entre esos archivos sobre la reforma de la Plaza de España se encontraban, según el auto, «datos de personas físicas y jurídicas e informes de entidades públicas».
La resolución judicial añade que la alcaldesa «designó a Joaquín Gómez, persona totalmente ajena al Ayuntamiento, por ser de su mismo partido y amigo personal para la organización y archivo de toda una documentación referente a procedimientos judiciales, sin adoptar el correspondiente acuerdo de la comisión», «teniendo acceso a la fotocopiadora y al escáner», y sin «el debido tratamiento en cuanto la protección de datos de carácter personal».
La investigación parte de una denuncia del PSOE e IU sobre la que la alcaldesa y su equipo han sostenido que se trata de «una maniobra política para derrocar al actual Gobierno».
En este sentido, Catalina Rodríguez, en todo momento ha defendido que la documentación disponible en el archivo del Ayuntamiento «no era de carácter municipal sino de una mercantil privada», en referencia a la empresa creada para la remodelación de la plaza, y que ahí «no había datos protegidos, personales ni secretos», sino documentación habitual de una actuación mercantil entre sociedades.
