El Ayuntamiento de Rivas ofrecerá asesoramiento legal y se personará como acusación para garantizar su acceso a una vivienda digna
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha activado un dispositivo institucional para proteger a las familias de la Cañada Real que han renunciado recientemente a su realojo tras recibir presiones y amenazas. El Consistorio ofrecerá asesoramiento legal y acompañamiento social a las personas afectadas y ha anunciado que se personará, si es necesario, en los procedimientos judiciales que se deriven de estas coacciones.
Según han detectado los servicios técnicos municipales, algunas familias han abandonado el proceso de realojo después de recibir visitas intimidatorias en sus viviendas por parte de grupos organizados. En esos encuentros, se les instaba a rechazar las alternativas habitacionales ofrecidas, con el fin de prolongar su estancia en la Cañada en condiciones precarias y se les recomendaba contratar a un despacho concreto de abogados, ha indicado el Consistorio.
La situación ha llevado a varias familias ya realojadas a interponer denuncias ante la Guardia Civil. A esto se suma que muchas de las familias que siguen en la zona están pagando alquileres irregulares sin contrato legal a supuestos propietarios de las parcelas, en un contexto de absoluta inseguridad jurídica y vulnerabilidad. Algunas han optado por hacer la mudanza de madrugada para evitar represalias, apuntan las mismas fuentes.
«No vamos a permitir que el derecho a una vivienda digna se vea vulnerado por amenazas o extorsiones», ha expresado el portavoz del Ayuntamiento de Rivas, José Luis Alfaro. «Vamos a acompañar a las familias que sufren esta situación y a poner recursos municipales a su alcance para que ninguna quede desprotegida», ha asegurado.
Pacto Regional por la Cañada Real
En el marco del Pacto Regional por la Cañada Real, el Ayuntamiento de Rivas gestiona los procesos de realojo en los sectores 4 y 5 de esta vía, en colaboración con la Comunidad de Madrid y otros municipios. La prioridad municipal está en garantizar una alternativa habitacional a las familias más vulnerables, especialmente aquellas con menores, personas mayores o enfermas.
Los equipos del Ayuntamiento -personal técnico especializado- realizan labores de identificación, entrevista y acompañamiento a las familias vulnerables. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) se encarga de adquirir viviendas adecuadas a las necesidades, en Rivas y en otros municipios de la región.
Sin embargo, el personal municipal ha detectado un aumento de las renuncias a estos realojos por parte de familias que habían optado voluntariamente al mismo, tras denunciar estas familias presiones para renunciar a dichos realojos. La situación es especialmente grave porque la legislación actual de la Comunidad de Madrid establece que las familias que rechacen el realojo por la vía preferente no podrán acceder a una nueva vivienda social hasta dentro de 10 años, lo que condena a muchas de ellas sin solución habitacional.
El Ayuntamiento ha mantenido ya varias reuniones con entidades sociales y asociaciones vecinales que trabajan en la zona para reforzar la mediación y la protección a las familias. También ha trasladado esta situación a los órganos del Pacto Regional por la Cañada Real, a los partidos políticos y al resto de administraciones implicadas: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Delegación del Gobierno.
Asimismo, la pasada semana, la alcaldesa de Rivas, mantuvo diversas reuniones con representantes del Gobierno de España, entre otras, con la ministra Sira Rego para abordar la situación de los derechos de la infancia en Cañada, con David Lucas, secretario de Estado de vivienda y Agenda Urbana, y con Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. En estas reuniones, desde el consistorio se insistió en la propuesta de creación de un Consorcio entre administraciones que permita agilizar el proceso de acceso a una vivienda digna a la población más necesitada de Cañada.
En este sentido, el portavoz municipal, José Luis Alfaro ha subrayado que «queremos que todas las familias que cumplan los requisitos puedan acceder a una vivienda digna con libertad, sin miedo, sin amenazas y con todas las garantías. Es un compromiso de ciudad, y lo vamos a cumplir».
