El Gobierno prepara un real decreto ley con incentivos fiscales y nuevas regulaciones, mientras comienzan las obras de uno de los mayores desarrollos de vivienda pública del país
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo aprobará un Real Decreto-Ley para intervenir el mercado del alquiler con el objetivo de frenar fraudes, contener precios y ofrecer mayor estabilidad a inquilinos y propietarios. El anuncio se ha producido en Madrid, coincidiendo con el arranque de la Operación Campamento, un proyecto que contempla la construcción de 10.700 viviendas públicas asequibles.
Según ha informado el Ejecutivo central, la norma incluirá un sistema de incentivos fiscales en el IRPF dirigido a propietarios que mantengan los precios del alquiler en la renovación de los contratos. El objetivo es evitar subidas, favorecer la estabilidad contractual y ampliar la oferta de alquileres asequibles en un mercado tensionado.
El decreto también abordará la regulación de los alquileres de temporada, con el fin de poner coto a su uso fraudulento y especulativo. El Gobierno establecerá condiciones más estrictas para este tipo de contratos, extenderá el control de precios en las zonas declaradas tensionadas y activará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa estatal de alquileres de corta duración.
Otra de las medidas anunciadas es el freno a los abusos en el alquiler por habitaciones. El Ejecutivo pretende impedir la fragmentación de viviendas para eludir la regulación del alquiler residencial y elevar las rentas. Para ello, se extenderán las garantías de los alquileres habituales a los contratos por habitaciones y se limitará la renta total al precio del alquiler de la vivienda completa. En las zonas tensionadas, estos contratos quedarán también sujetos a los mecanismos de control previstos en la ley de vivienda.
En paralelo, el Gobierno ha dado inicio a las obras de la Operación Campamento, un desarrollo urbanístico desbloqueado tras décadas de tramitación que permitirá levantar 10.700 viviendas públicas asequibles, blindadas frente a la especulación. El proyecto está impulsado por Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda, y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar el parque público residencial.
Según ha señalado el Gobierno, estas medidas deberán ser convalidadas por el Congreso y forman parte de un plan más amplio para mejorar la regulación del mercado inmobiliario y garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
No obstante, el anuncio del Ejecutivo no ha estado exento de críticas. Más Madrid ha cargado duramente contra las nuevas medidas al considerar que «no van a solucionar la crisis». Las críticas han sido expresadas tanto por la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García, como por la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, a través de las redes sociales.
Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha valorado que los anuncios realizados por el presidente del Gobierno suponen «una mala noticia» para los pequeños ahorradores y ha exigido garantías y seguridad jurídica, al considerar que las medidas no deben servir para proteger «al okupa».
Al acto celebrado en Madrid no han sido invitadas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
