El Senado aprueba definitivamente la nueva Ley de Memoria Democrática pactada por el PSOE con Bildu
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la Ley de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV y que ha contado con el rechazo frontal de PP, Vox, Ciudadanos y UPN. Entre lo pactado con Bildu está ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conlleve.
En concreto, el Gobierno creará, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo», informa EP.
La nueva ley, que deroga la de Memoria Histórica de 2007, entrará en vigor tras su publicación en el BOE. Entre otras cosas, contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, lo que permitirá al Gobierno de Pedro Sánchez exhumar los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, como ya hizo con Franco.
La exhumación de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos se efectuará en comunicación con la familia, señaló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando se aprobó la norma en el Consejo de Ministros. Además, el Ejecutivo decidirá el destino de la Cruz en el proyecto concreto de resignificación del Valle y retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a todas aquellas personas que tuvieron algún tipo de protagonismo durante la dictadura o la guerra civil.
La ley recoge también la extinción las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura, aunque no será de forma inminente. Y declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas. Además, todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, genocidio y tortura tienen son «imprescriptibles y no amnistiables», apunta Efe.
Por otro lado, establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado. Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI y las lenguas y culturas vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
