El Gobierno prepara un nuevo documento que será enviado a las comunidades autónomas para su aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud
El Ministerio de Sanidad está preparando un nuevo documento de consenso sobre las restricciones al ocio nocturno y la hostelería, después de que la Audiencia Nacional haya paralizado en la Comunidad de Madrid el que entró en vigor el pasado sábado, tras el recurso del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
Sanidad ha hablado con los gobiernos autonómicos tras conocerse la resolución judicial para buscar «puntos de encuentro» después de que seis comunidades rechazaran las restricciones actuales que implican el cierre del interior de la hostelería en zonas con alta incidencia y que retrasan la apertura del ocio nocturno en las mismas.
Según algunas fuentes, el nuevo documento, que tendrá que ser aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud y a partir de ahí será de obligado cumplimiento, evita imponer nuevas restricciones a la hostelería, y propone la apertura del ocio nocturno hasta las dos, ampliable hasta las tres de la madrugada, en zonas con niveles de alerta 1 y 2.
«El ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes», señaló ayer en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso escribió en Twitter que las medidas que pretende implantar el Gobierno en Madrid «son arbitrarias y atentan contra el sentido común y el interés de los madrileños». «Para seguir arruinando la gente que no cuenten conmigo», apostilló. Después celebró que la Audiencia Nacional aceptara su recurso y conceda medidas cautelarísimas.
La Audiencia, en su auto, accede a la petición del Gobierno regional ante «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes», y da un plazo al Ejecutivo central para presentar alegaciones.