La ministra de Igualdad, por su parte, considera que la suspensión de las marchas criminaliza al movimiento feminista
Los sindicatos UGT y CCOO y la plataforma de asociaciones 8M Movimiento Feminista han anunciado este viernes sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la prohibición por parte de la Delegación del Gobierno de las manifestaciones con ocasión del Día de la Mujer, el 8 de marzo.
Ambos sindicatos han criticado en una rueda de prensa la medida adoptada por la Delegación de Gobierno, cuando la convocatoria de la concentración era para un total de 100 personas, 50 por cada sindicato, y cumpliendo de forma estricta con todas las medidas de seguridad relativas a la pandemia, han asegurado.
También la plataforma de asociaciones 8M Movimiento Feminista ha argumentado que la prohibición «no obedece a ninguna medida sanitaria» y ha anunciado que recurrirán usando «todas las herramientas legales» para poder celebrar movilizaciones en la calle el próximo lunes con los permisos correspondientes y con todas las garantías sanitarias.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se expresó ayer en la misma dirección. Montero cree que la suspensión de las marchas «criminaliza» el feminismo, por lo que no lo comparte, aunque señaló que «como miembro del Gobierno» está «obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias».
