Tras presentar la familia un informe criminológico que pone en duda la muerte accidental
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba ha ordenado reabrir el caso judicial de un joven de 18 años que fue arrollado el pasado mes de mayo por un tren en Alpedrete y ha pedido a la Guardia Civil nuevas pruebas, tras examinar un informe criminológico solicitado por la familia del joven, que duda que muriera accidentalmente.
El pasado mes de enero el abogado de la madre de Jonathan, en su condición de acusación particular, pidió la reapertura del caso sustentado en un informe criminológico del despacho jurídico Balfagón & Chippirrás que destapaba algunas evidencias sin investigar y varias lesiones en el cadáver de la víctima incompatibles con el arrollamiento de un tren.
El documento apuntaba a que incluso el chico pudo ser agredido y pedía el interrogatorio de más jóvenes que habían estado bebiendo con la víctima la tarde de su muerte en un botellón. Ahora, el juez insta a la Guardia Civil para que determine el posicionamiento de los teléfonos móviles de los asistentes al botellón en una granja abandonada, según ha adelantado El Mundo.
El objetivo es tratar de «averiguar o determinar si alguno de los terminales telefónicos de los asistentes a la fiesta pudiera encontrarse próximo al terminal telefónico del finado en el momento exacto del atropello o arrollamiento». Además, pide que se interrogue a todos los asistentes a la fiesta y a todos los participantes de un grupo de WhatsApp denominado Liaos.
También reclama información de una cámara de la DGT en la A-6 que podría haber captado lo ocurrido y que no se revisó en su día y solicita a ADIF el «parte interno del siniestro». Asimismo, requiere al Instituto de Medicina Legal para que amplíe el informe forense de la autopsia para determinar el «grado de afectación alcohólica» que presentaba la víctima para saber si pudo llegar solo al punto del atropello.
El magistrado asegura que «procede continuar con la práctica de diligencias con los nuevos elementos aportados a la causa» y añade que ha desaparecido el motivo que determinó en su día el sobreseimiento provisional, por lo que admite la reapertura de las actuaciones al considerar que la gravedad del hecho, en aras de proteger, preservar y tutelar los derechos concurrentes, exige agotar la fase de instrucción».
