El juzgado investiga los vínculos de la esposa de Sánchez con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo que preside su marido
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha incoado diligencias de investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este miércoles en la sesión de control del Congreso ha dicho, en repuesta al diputado Gabriel Rufián de ERC, que «en un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en la autonomía, la independencia y la separación de poderes».
La apertura de diligencias se produce tras recibir el juzgado por reparto ordinario una denuncia del sindicato Manos Limpias tras las últimas informaciones publicadas en prensa. Las diligencias de investigación están declaradas secretas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Según ha adelantado El Confidencial, el juzgado investiga los vínculos de la esposa de Sánchez con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo que preside su marido.
En concreto, se investiga una reunión de Gómez con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, dueño de Air Europa, en las mismas fechas en que esta compañía negociaba un rescate con el Gobierno de Sánchez en plena pandemia.
El Consejo de Ministros aprobó 475 millones de euros para rescatar la aerolínea de Globalia, una decisión de la que participó el propio presidente. El PP lo denunció ante la Oficina de Intereses por no haberse abstenido en la votación Sánchez, pero dicha Oficina decidió archivar la denuncia.
La querella reclama también la citación como investigada de Begoña Gómez, y solicita al juez que recabe las cartas de recomendación de la esposa del presidente hacia una UTE de empresas privadas que se presentó a un concurso público, en el que obtuvo 10,2 millones de dinero público.
El principal accionista de esta UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del máster que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense, según el citado diario, y se hizo con el concurso frente a una veintena de empresas.
Asimismo, la denuncia solicita que se lleven a cabo otra serie de diligencias, entre ellas la comparecencia de testigos,y se basa en los artículos 429 del Código Penal, que regula el tráfico de influencias, y 286 bis, que recoge el delito de corrupción privada.
El artículo 429 del Código Penal persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este» para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio.
Por otra parte, el artículo 286 bis del Código Penal castiga a quien «prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales».
