El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá presentará una moción para eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales por suponer un mal uso de la lengua y responder a fines de tipo ideológico
El grupo municipal de Vox en Alcalá de Henares presentará en el próximo pleno del 21 de septiembre una moción para «no utilizar y en su caso eliminar el uso del denominado lenguaje inclusivo en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares», «así como en los documentos, folletos, informaciones, notas de prensa, etc. en que participe directa e indirectamente el Ayuntamiento».
La formación pide, además, «no implementar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de Henares (2018-2030) en lo referente al uso del lenguaje inclusivo», un lenguaje que para Vox es «un fenómeno lingüístico deliberado por instancias ajenas al uso diario del español por parte de los hispanohablantes» que «obedece a fines de tipo ideológico» y «no responde a los usos y costumbres habituales de los mismos, sino que pretende imponer de forma forzosa y arbitraria unos hábitos ortográficos y gramaticales alternativos».
Vox apoya su moción en un extenso informe de la Real Academia de la Lengua (RAE) en el que «parece decantarse por la evolución natural de la lengua española sin necesidad de recurrir a imposiciones ni recomendaciones con base en razones ideológicas» y, por tanto, «se opone a la imposición arbitraria del lenguaje inclusivo dirigida desde instancias alejadas del hablante común cuyas motivaciones son de tipo, más bien, ideológico».
También cita el proyecto de ley registrado en la cámara baja francesa por integrantes del grupo parlamentario La République en Marche, formación socialdemócrata liderada por el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y algunos diputados de otras fuerzas políticas, para la «prohibición del uso del lenguaje escrito inclusivo por las personas físicas o jurídicas responsables de una misión de servicio público».
Además, hace referencia a la Academia Francesa de la Lengua que declaró que «la multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que induce (el lenguaje inclusivo) da como resultado un lenguaje desunido, dispar en su expresión, creando una confusión que raya en la ilegibilidad. Es difícil ver cuál es el objetivo y cómo se pueden superar los obstáculos prácticos de la expresión escrita, la lectura, visual o en voz alta, y la pronunciación. Esto incrementaría la tarea de los educadores. El lenguaje inclusivo complicaría aún más a los lectores».
Asimismo, destaca Vox que «el lenguaje inclusivo entorpece el funcionamiento de la Administración General del Estado». «La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y al bien común de los españoles. El lenguaje inclusivo nace con propósitos exclusivamente partidistas ajenos al sentir mayoritario de los ciudadanos y a sus usos y costumbres como hispanohablantes», señala la formación.
«Por ende, la extensión del uso del lenguaje inclusivo a la Administración Pública presta un nulo servicio a sus fines. No supondría un reconocimiento de la evolución de los usos de lengua española, sino un ejercicio de coerción administrativa al imponer a los administrados una forma de comunicación decidida por un colectivo de forma consciente. Una propuesta, por tanto, con escaso empuje popular», añade.
Cita algunos ejemplos, como la rueda protagonizada por Isabel Celaá el 8 de marzo de 2019, cuando era ministra portavoz del Gobierno, en la que utilizó el lenguaje inclusivo para felicitar el Día Internacional de las Mujeres y «el resultado fue algo accidentado»: «Así que celebramos juntas, y juntos también, este día importante para nosotras, importante para lo que significa la igualdad, la lucha por la igualdad, que sostenemos conjuntamente. Así que espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad», dijo la ministra.
Asimismo, recuerda que «en la hemeroteca política española también resonó con fuerza los deslices lingüísticos de la exministra de Igualdad, Bibiana Aído, con su miembros y miembras, así como el más reciente Fuerzos y Cuerpas de Seguridad del Estado de la señora Montero Gil, actualmente ministra de Igualdad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez», unas manifestaciones que para Vox «son prueba suficiente del torpe lenguaje inclusivo», por lo que considera que «no es práctico, pues, trasladarlo a los documentos, comunicaciones y escritos de la Administración Pública, en general, y la Administración General del Estado, en concreto».
«A todo ello se añade el evidente coste para las arcas públicas, tanto económica como laboralmente, que supone acudir a un estilo que prescinde del principio de economía del lenguaje y utiliza innecesariamente desdoblamientos. En suma, una inobservancia del respeto a los principios consagrados en la Constitución Española en su artículo 103.1 y desarrollados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como el principio de servicio efectivo a los ciudadanos y de simplicidad, claridad y proximidad», concluye Vox Alcalá.
