El delegado del Gobierno en Madrid tendrá que responder a las preguntas de la magistrada sobre la manifestación feminista que autorizó
El delegado del Gobierno en Madrid y líder del PSOE en la región, José Manuel Franco, declara este miércoles ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación, por permitir la manifestación feminista del 8M y otros eventos pese a las alertas que desaconsejaban las concentraciones multitudinarias por esas fechas ante el riesgo de contagio por coronavirus.
Franco deberá declarar como imputado a las 15.30 horas y después comparecerán en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, como testigos, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
Tras rechazar el archivo de la causa que pedían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la magistrada recalca que ha habido «reticencias» y «demoras injustificadas» por parte del Gobierno a la hora de entregar la documentación requerida por orden judicial de forma reiterada.
«Lo que inicialmente no era especialmente urgente devino en serlo por las dificultades halladas para obtener contestación a los oficios», explica la jueza, quien subraya que no puede otorgar un «trato favorable» al delegado tras los intentos de la Abogacía y de la Fiscalía de paralizar la instrucción.
La jueza, además, defiende la «utilidad» del informe forense, del que reniega la Abogacía, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la «gravedad» de la situación de la epidemia pero la minimizaron.
Según Rodríguez-Medel, el informe del forense del juzgado, «permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (que es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)».
