Madrid exigirá estar empadronado para sacar o renovar el abono transporte desde el lunes
La Comunidad de Madrid exigirá acreditar la residencia para obtener o renovar la Tarjeta de Transporte Público Personal, una condición que hasta ahora no se aplicaba.
A partir del próximo lunes 15 de junio, quienes no estén empadronados en la Comunidad de Madrid o en determinados municipios limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León con convenio ya no podrán obtener ni renovar la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP), conocida popularmente como abono transporte.
La medida no afectará a los no empadronados que ya disponen del abono transporte, que podrán seguir utilizándolo con normalidad, aunque no podrán renovarlo cuando caduque. Tampoco se aceptarán nuevas solicitudes de personas que no residan en la Comunidad de Madrid o en alguno de los municipios incluidos en los convenios vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León, como Guadalajara, Azuqueca de Henares, Ocaña y otras localidades adheridas a estos acuerdos.
La decisión aparece recogida en una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y será de aplicación desde el 15 de junio.
La condición de residente deberá acreditarse mediante certificado de empadronamiento o autorizando a la Administración para consultar los datos correspondientes. El requisito afectará a los vecinos de los municipios de la Comunidad de Madrid y también a los residentes en determinadas localidades incluidas en las zonas tarifarias E1 y E2, así como a los municipios contemplados en los convenios suscritos con Castilla-La Mancha y Castilla y León.
No obstante, la normativa mantiene una excepción. Los titulares de familia numerosa podrán seguir solicitando la Tarjeta de Transporte Público Personal con carácter excepcional.
Desde la Consejería de Transportes sostienen que no se trata de una modificación de las reglas del sistema, sino de la aplicación efectiva de una previsión ya contemplada en la normativa del Consorcio Regional de Transportes. Según explican, las ayudas públicas vinculadas al transporte están destinadas a los residentes de los territorios que contribuyen a su financiación o forman parte de los convenios vigentes.
El Gobierno regional argumenta además que la aplicación de este requisito se había ido retrasando durante años debido a limitaciones técnicas, al desarrollo progresivo de los sistemas de gestión y, posteriormente, a las circunstancias derivadas de la pandemia.
La aplicación de este requisito llega además en un momento de elevada actividad en las oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes. El pasado mes de abril se registraron importantes problemas de atención debido al elevado volumen de solicitudes y a la falta de medios, coincidiendo con el inicio del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. En estos centros también puede tramitarse el certificado acreditativo de solicitud necesario para determinados procedimientos relacionados con dicho proceso.
Las previsiones de la Comunidad apuntan a una afectación limitada. Según sus cálculos, la medida alcanzará al 3,4 % de los usuarios y no tendrá efectos retroactivos.
El Ejecutivo madrileño defiende que esta actuación permitirá gestionar de forma más eficiente los recursos públicos destinados al transporte y mantener las bonificaciones para los residentes, al tiempo que se conservan los acuerdos vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León.
