Concede un plazo de 10 días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad que entró en vigor anoche y que supone el cierre de Madrid capital y otros 9 municipios de la región durante un periodo inicial de 14 días.
La Audiencia Nacional concede un plazo de 10 días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelare solicitadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo que implica que si ésta agota el plazo, podría contestar el 20 de octubre y la Sala resolvería a continuación, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
La Comunidad de Madrid alegó que el cierre es «contraproducente» y con «limitaciones propias de un estado de alarma».
El recurso argumenta que la orden de Sanidad supone una «invasión de competencias» mediante «una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde «no se decidió por consenso (sin ningún voto en contra), como marca la ley», según explicó ayer en rueda de prensa el consejero de Justicia, Enrique López.
López indicó que las medidas del Gobierno central son «peores y menos eficaces» que las de la Comunidad y pueden provocar «un caos» como consecuencia de la forma en la que están redactadas. También dijo que acatarían la orden «por responsabilidad» y la aplicarían hasta que se pronuncie la Justicia.
En su escrito, el Ejecutivo regional considera que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «el Ministerio de Sanidad asumió una competencia que no le correspondía y que afectaba a la adopción de medidas sanitarias, una capacidad exclusiva de la Consejería de Sanidad. Estas medidas suponen limitaciones de derechos fundamentales que, en cualquier caso, deben respetar principios de utilidad y proporcionalidad, y que, a juicio de la Abogacía General, son propias de un estado de alarma».
«Se trata, además, de una agresión que genera un impacto económico que puede suponer la pérdida de 8.000 millones de euros y la destrucción media semanal de 18.000 empleos, un daño que, en cualquier caso, la Comunidad siempre ha supeditado a las necesidades de Salud Pública, defensa del interés público y la protección de la salud», añade el Ejecutivo autonómico.
Según el escrito, las medidas puestas en práctica por la Comunidad de Madrid en distintas Zonas Básicas de Salud «ya perseguían estos objetivos, lo que se ha traducido en la reducción del impacto del virus de hasta el 50% en algunas de las áreas sanitarias donde se han aplicado»
Asimismo, la orden comunicada por el .Mnisterio, al ampliar su ámbito de aplicación, «puede resultar contraproducente en términos de prevención de la propagación del virus», entiende el Gobierno regional.
La Justicia deberá resolver también el recurso presentado por Vox en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha solicitado medidas cautelarísimas para intentar paralizar las restricciones en marcha. Además, el mismo tribunal tendrá que ratificar en los próximos días las medidas para hacer efectivas las sanciones.
