Los afectados por el cierre de SmyDent pueden paralizar el pago de los tratamientos financiados, según FACUA
Decenas de vecinos de Torrejón de Ardoz se encuentran afectados por el cierre repentino de las clínicas dentales SmyDent, con un establecimiento en la Avenida de la Constitución de la localidad y presencia también en Vallecas, San Blas, Alcorcón y Leganés.
Se calcula que podría haber unos 150 afectados entre todos los centros, personas que se han quedado con los tratamientos a medias y en algunos casos con financiaciones que tienen que seguir pagando. En este sentido, desde FACUA-Consumidores en Acción han trasladado a los afectados que pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados.
«Si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito», apunta FACUA.
Numerosos usuarios están denunciando que la cadena odontológica ha cerrado sus puertas, dejándolos con tratamientos sin finalizar que han sido abonados en su totalidad o que han financiado. La empresa posee varios centros en la Comunidad de Madrid, y los afectados indican que ninguna de ellas da señales de vida.
FACUA advierte de que «los usuarios vienen viéndose obligados al abono mensual de las cuotas pese a que los servicios han dejado de ser efectivamente prestados». Además, la asociación señala que «si los pacientes no son reubicados en otras clínicas, tienen derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, según los casos».
Además, ante la posibilidad de que la empresa pueda entrar en concurso de acreedores, FACUA insta a los afectados a que estén atentos por si llegara a declararse, para que así comuniquen sus créditos al administrador concursal designado a la mayor brevedad posible. «De forma general, el plazo máximo para hacerlo es de un mes a contar desde la publicación de la entrada en concurso», agrega.
Derecho a cancelar la financiación de los tratamientos
Así, FACUA recuerda que los afectados tienen derecho a que se anule la financiación de los tratamientos, si fueron contratados exclusivamente para ese fin, en el momento en que queden interrumpidos.
Así lo establece la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que indica en su artículo 26 que la ineficacia en los contratos de consumo, como la no prestación de un tratamiento dental, determinará también la ineficacia del contrato de crédito destinado a su financiación. Esto implica, señala la asociación, que «la entidad financiera está obligada a paralizar los cobros y la clínica que prestaba el servicio debe devolver las cantidades que hubieran sido pagadas hasta el momento de la interrupción del tratamiento».
Además, el artículo 29 de la misma ley entiende como crédito vinculado aquel que sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo a la prestación de servicios específicos y especifica que ambos contratos constituyen una unidad comercial, por lo que la interrupción de uno supone la resolución del otro, explica FACUA.
Sin regulación del sector
FACUA critica que, casi cinco años después de que estallase el escándalo iDental, ni el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el actual hayan realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula las clínicas dentales para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. «La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía», añade.
En este sentido, FACUA recuerda que tras el cierre total de iDental en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, de la normativa que regula los centros sanitarios privados.
La asociación indicaba que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y reclamaba una serie de modificaciones, entre las que consta la exigencia del seguro de responsabilidad civil que incluyera el riesgo de cierre o quiebra del negocio.
Además, FACUA reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la Administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen, se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.
También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc.), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, odontólogo responsable, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. «De esta forma, los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema», concluye.
