El alcalde se muestra satisfecho con la resolución judicial
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Alcalá de Henares ha acordado el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por los promotores de la sala Carola Morena, ZENIT WORLD S.L., contra el Ayuntamiento complutense.
Según ha informado el Consistorio, en el auto número 1815/2020 el juez considera que, tras la instrucción del expediente y haber escuchado los testimonios de las partes, «los indicios son endebles y que la causa debe ser sobreseída irremediablemente», ya que «el expediente administrativo en cuestión no tuvo ninguna incidencia en su tramitación digna de mención. Todo se desarrolló dentro de la normalidad. Es más, ha sido público y transparente con las notificaciones de rigor fijadas legalmente».
De esta forma, subraya el Consistorio, «queda evidenciado que el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, y los concejales y concejalas que conforman la Junta de Gobierno Local, María Aranguren, Diana Díaz del Pozo, Rosa Gorgues, Alberto González, Manuel Lafront, Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, así como la funcionaria responsable del área de disciplina urbanística, y el funcionario arquitecto superior y director del área de Urbanismo, actuaron guiados por el interés general de los vecinos y vecinas de la ciudad y han colaborado con la Justicia ante una denuncia instrumental que no pretendía otra cosa que imponer el criterio del promotor privado frente a la legalidad vigente y la legítima capacidad del Ayuntamiento para ordenar el urbanismo de la ciudad».
Finalmente el juez insiste en que «con el acervo probatorio desplegado en este procedimiento y el pormenorizado análisis de la documentación obrante en autos, no hay un atisbo de conducta que merezca un reproche penal».
Rodríguez Palacios se ha mostrado satisfecho por la «celeridad y la claridad con la que se ha cerrado este asunto que contenía múltiples falsedades, falsedades referidas a la normativa aplicable, falsedades referidas a la vida personal de algunos de los concejales y falsedades sobre el procedimiento y fechas de tramitación del expediente».
Los promotores de la sala de ocio presentaron la denuncia por presunta prevaricación por la suspensión de licencias que paralizó la actividad, cuando tenían previsto abrir en diciembre de 2019 tras acometer una reforma en el edificio de los antiguos Salones OMA de la Avenida Juan Carlos I, en La Garena.
La empresa señaló entonces que las decisiones adoptadas en la Junta de Gobierno Local (la suspensión de licencias y la prohibición del uso hostelero en el sector, actividad para la que ya contaba con licencia), les había causado notables perjuicios económicos, que cifraban en 8 millones de euros.
En la denuncia, adelantada por MiraCorredor, los responsables de la sala acusaban al Ayuntamiento de tomar una serie de medidas «presuntamente arbitrarias y orientadas a atender intereses personales y no generales, saltándose la legalidad vigente».
