El Ayuntamiento ha recibido ya medio centenar de quejas de usuarias de las instalaciones deportivas municipales
El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha exigido por escrito al Ministerio de Igualdad una solución urgente «ante los problemas de convivencia denunciados ya por más de medio centenar de usuarias de las instalaciones deportivas, donde hombres que han procedido al cambio registral de sexo entran en los vestuarios femeninos gracias a la Ley Trans aprobada por el Gobierno de España».
En una carta remitida a la ministra, Ana Redondo, el regidor expone que «en los últimos meses venimos observando en nuestra ciudad cómo diferentes personas, tras cursar los trámites necesarios para llevar a cabo la rectificación de la mención registral del sexo de masculino a femenino, en base a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, aprobada por su Gobierno, han ejercido el derecho, otorgado por su Ley, de entrar en el vestuario femenino de las instalaciones deportivas municipales en lugar de en el masculino, como lo venían haciendo».
«Este hecho está provocando que muchas mujeres hayan manifestado, ante este Ayuntamiento, sus quejas y su preocupación por considerar que se está vulnerando su privacidad», añade el alcalde.
Escribano señala que «esta situación, además de perjudicar a las mujeres que comparten vestuario con estas personas, pone en riesgo a los trabajadores municipales, que se declaran indefensos al considerar que no existen herramientas legales para actuar ante tal circunstancia».
«Y es que, nuestro Ayuntamiento no tiene mecanismos que sean capaces de determinar la existencia o no de fraude en la aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que en su artículo 44, en el punto tercero, señala que el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, otorgando todos los derechos a la autodeterminación e impidiendo, como le señalaba, cualquier posibilidad de detectar el posible fraude», agrega el escrito.
«Ante esta situación, y con la intención de garantizar los derechos de todos los vecinos de Arganda y de los trabajadores municipales, y encontrando únicamente como marco legal la mencionada Ley 4/2023, de 28 de febrero, aprobada por su Gobierno, entendemos desde el Ayuntamiento que no existe posibilidad de dar respuesta a las cuestiones que le planteo. Por todo lo expuesto, le solicito nos indique el procedimiento a seguir para actuar ante la citada situación y posibles futuras ocasiones en que se produzcan hechos similares como el relatado», concluye el regidor.
