El Congreso aprueba el plan anticrisis por la guerra de Irán con el ‘sí’ de Junts y la abstención del PP
El decreto moviliza más de 5.000 millones de euros e incluye rebajas fiscales en energía y ayudas directas a sectores afectados.
El Pleno del Congreso ha convalidado esta tarde el real decreto ley de medidas anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio. La norma ha salido adelante con el respaldo de Junts y la abstención del Partido Popular, y será tramitada como proyecto de ley.
El texto ha obtenido 175 votos a favor, 33 en contra —correspondientes a Vox— y 141 abstenciones, entre ellas las del PP y Podemos.
El paquete económico contempla la movilización de más de 5.000 millones de euros e incluye una reducción del IVA en electricidad, gas y carburantes. En el caso de los combustibles, el tipo se sitúa en el 10 % y se acompaña de una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos, con un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro.
En el ámbito energético, el IVA de la electricidad baja al 10 %, se suspende el impuesto sobre la producción eléctrica y se reduce el impuesto especial al 0,5 %. También se rebaja al 10 % el IVA del gas natural, los pellets y la leña, mientras se congelan los precios del butano y el propano.
El decreto incluye además medidas de protección social, como la extensión durante todo el año de los descuentos del bono social eléctrico, el incremento de la ayuda mínima del bono térmico hasta los 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables.
Entre las ayudas directas, destaca una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una línea específica para la adquisición de fertilizantes.
El plan incorpora también medidas para el tejido empresarial, como la moratoria contable de las pérdidas derivadas de la pandemia para evitar disoluciones y la prohibición de despedir a las empresas que se beneficien de las ayudas públicas.
Por otro lado, se refuerzan las políticas de movilidad sostenible en empresas de más de 200 trabajadores y se impulsan actuaciones para mejorar la independencia energética, con deducciones fiscales para la instalación de placas solares, puntos de recarga o bombas de calor, además de incentivos al autoconsumo y la climatización eficiente.
