El Gobierno aprueba la regularización de 500.000 inmigrantes con el rechazo frontal de PP y Vox
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 inmigrantes que ya residen en España. La norma fija como condiciones carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden o la seguridad publica.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida como «un acto de coherencia ética y de justicia social» y uno de los hitos de la legislatura. Según ha explicado, el objetivo es regularizar a personas que ya viven en España y que podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo, con número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria.
Las solicitudes podrán presentarse a partir del 16 de abril de forma telemática, disponible las 24 horas, y ese mismo día se podrá pedir cita para la atención presencial, que comenzará el 20 de abril. El plazo para tramitar la regularización finalizará el 30 de junio.
El procedimiento exigirá acreditar la estancia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido al menos cinco meses continuados. Esta situación podrá justificarse con documentos verificables, como el certificado de empadronamiento, aunque no será obligatorio.
El proceso contará con unas 450 oficinas habilitadas en todo el país y un refuerzo de más de 550 profesionales para tramitar solicitudes, revisar expedientes y resolver autorizaciones. La cita previa podrá solicitarse por internet o en el teléfono 060, y la atención presencial se realizará en oficinas de la Seguridad Social, Correos y algunas oficinas de Extranjería.
El Gobierno ha destacado que la medida cuenta con respaldo social, político y económico, y ha subrayado el aval del Consejo de Estado, que ha valorado positivamente los objetivos de integración, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad.
Entre los estudios citados, se incluye uno de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia que plantea que una reducción del 30 % de la migración en 2075 provocaría una caída del PIB del 22 %, el cierre de más de 90.000 bares, la pérdida de población y un aumento de las listas de espera.
La ministra ha insistido en la necesidad de que los interesados se informen previamente para evitar problemas, ya que no todas las oficinas atenderán y habrá horarios específicos. El objetivo, ha señalado, es que todas las personas que tengan derecho puedan acceder al proceso sin colapsar los servicios públicos.
La iniciativa ha generado críticas en la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la medida de «inhumana», «insegura» e «insostenible». Los populares preparan una ofensiva en tribunales, en las comunidades donde gobiernan y en Bruselas. Por su parte, Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo y pedirá medidas cautelares para frenar su aplicación.
