La jueza de la tragedia de Santander en la que murió una joven de Guadalajara imputa a tres responsables del Estado por seis homicidios por imprudencia grave
La investigación judicial por el derrumbe de la pasarela de El Bocal sigue avanzando con nuevas imputaciones.
La magistrada que instruye el caso ha ampliado la causa contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Estado, por su posible responsabilidad en seis delitos de homicidio por imprudencia grave, en relación con la tragedia en la que murieron seis jóvenes —entre ellos una joven de Guadalajara—.
Este nuevo investigado fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras hasta mayo de 2023 y se suma a los otros dos técnicos ya encausados: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, y el actual responsable del mismo servicio, Enrique Rodríguez Sánchez.
Según el auto judicial, el funcionario tenía funciones de control sobre la seguridad estructural de la pasarela y la obligación de promover o supervisar las tareas de inspección y mantenimiento. La jueza considera que la ausencia de estas actuaciones pudo favorecer el deterioro de la infraestructura hasta provocar su colapso.
El informe pericial remitido al juzgado apunta en esa misma línea y sostiene que la falta de revisiones adecuadas pudo impedir detectar a tiempo los fallos que acabaron desencadenando el derrumbe.
La investigación se dirige contra los tres técnicos por la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones, en relación con la única superviviente, que será examinada por un médico forense para determinar el alcance de sus heridas.
Además, la magistrada ha rechazado que el ingeniero que firmó el proyecto declare como investigado y mantiene su citación como testigo-perito.
La causa continuará el próximo 15 de mayo con la práctica de pruebas periciales y la toma de declaración a los tres funcionarios investigados.
