Prisión permanente revisable para un pandillero por asesinar a un joven en Fuenlabrada
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Joaquín D. M. a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de Sailer Huraldo M. R., cometido en octubre de 2022 a la salida de una discoteca de Fuenlabrada, en un ataque atribuido a la banda juvenil Dominican Don’t Play (DDP).
El tribunal le considera además responsable de tres delitos de asesinato en grado de tentativa, así como de delitos de tenencia ilícita de armas y tenencia de arma prohibida.
La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un Tribunal del Jurado, condena igualmente a Kevin H. N. como cómplice de los mismos hechos, imponiéndole penas de prisión por el asesinato, las tentativas de asesinato y los delitos relacionados con las armas.
Asimismo, Benji de M. S. ha sido condenado por pertenencia a organización criminal.
Por el contrario, la Audiencia absuelve a Viorel G. de los delitos de asesinato y tentativas de asesinato al considerar el jurado que no quedó acreditado que participara de forma intencionada en los hechos ni que asumiera el resultado mortal y lesivo del ataque.
La resolución judicial considera probado que los hechos fueron fruto de la actividad delictiva de la banda juvenil Dominican Don’t Play, un grupo organizado de origen latino asentado en la Comunidad de Madrid.
Según el relato de hechos probados, varios de los acusados formaban parte activa de la organización y actuaron motivados por una represalia contra miembros de la banda rival de los Trinitarios.
La sentencia sitúa los hechos en la madrugada del 3 de octubre de 2022, coincidiendo con la finalización de un concierto celebrado en la discoteca Cañabrava de Fuenlabrada.
El jurado considera acreditado que Joaquín D. M., junto con un menor ya condenado por estos hechos en la jurisdicción de menores y otro individuo no identificado, preparó la agresión y coordinó los desplazamientos y la logística necesarios para ejecutarla.
Los participantes se desplazaron en una furgoneta con placas de matrícula falsas hasta las inmediaciones del local. Según la sentencia, una vez abandonado el dispositivo policial establecido en la zona y dispersados los asistentes al concierto, dos de los atacantes descendieron del vehículo armados con un revólver y un machete de grandes dimensiones.
El primero de los ataques se dirigió contra Sailer Huraldo M. R., que se encontraba apoyado en un banco frente a la discoteca. El menor condenado en la jurisdicción de menores se acercó por detrás y efectuó un disparo en la cabeza de la víctima, mientras otro agresor le asestaba varios machetazos en la cara.
El joven falleció prácticamente en el acto a consecuencia de la destrucción de centros nerviosos superiores. El tribunal destaca que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse.
Durante la huida, los agresores continuaron el ataque contra otras personas que se encontraban en las inmediaciones. Dos de ellas resultaron heridas por arma de fuego, mientras una tercera sufrió graves lesiones causadas por machetazos.
Los tres perjudicados necesitaron tratamiento quirúrgico y arrastran secuelas físicas derivadas de las heridas sufridas.
La sentencia destaca que todos los ataques se produjeron de forma «totalmente sorpresiva e inesperada», circunstancia que llevó al jurado a considerar concurrente la alevosía en la actuación de los autores materiales.
La resolución subraya además que el asesinato y las tentativas se cometieron en el seno de una organización criminal, lo que permite aplicar la agravación prevista en el artículo 140 del Código Penal para asesinatos ejecutados por miembros de grupos criminales organizados.
El tribunal concluye que la actuación de los acusados respondió a una acción coordinada y previamente planificada, con distribución de funciones y utilización de armas y vehículos destinados a facilitar tanto la ejecución del ataque como la huida posterior.
Respecto a Joaquín D. M., el magistrado ponente sostiene que participó directamente en la planificación y organización del ataque, motivo por el que le considera autor del asesinato agravado y de las tentativas de asesinato.
En relación con Kevin H. N., la resolución aprecia cooperación en los hechos y le atribuye la condición de cómplice.
La Audiencia también rechaza varias cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la supuesta vulneración del principio acusatorio y la alegación de cosa juzgada derivada del procedimiento seguido previamente contra menores implicados en el ataque.
Finalmente, la Audiencia Provincial impone a los condenados el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima mortal y a los tres heridos por las lesiones y secuelas sufridas.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
