Perdonan 135.596 euros de deuda a un matrimonio de Torrejón ahogado por el coste de la vivienda

El titular de la Plaza número 3 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid ha perdonado una deuda de 135.596,94 euros a un matrimonio de Torrejón de Ardoz gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. La resolución exonera del pasivo insatisfecho a los clientes de Bergadà Abogados, despacho especializado en Derecho concursal.

La compleja situación económica de la pareja se produjo tras solicitar diversos préstamos para afrontar el elevado coste de la vivienda y cubrir gastos básicos de su vida diaria en un contexto de insolvencia. Cada uno de los miembros del matrimonio tenía una deuda de 67.798,47 euros.

Según explica el despacho, la insolvencia fue consecuencia de una acumulación progresiva de circunstancias económicas adversas que afectaron a la familia desde su llegada a España. En un primer momento alquilaron una vivienda de 30 metros cuadrados en el centro de Madrid que, según relatan, se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, especialmente por la humedad.

El marido recuerda que «tuvimos que destinar lo poco que teníamos ahorrado a amueblar la vivienda y afrontar otros gastos básicos, así que nos vimos obligados a solicitar los primeros préstamos, que intentamos pagar como pudimos».

La llegada de la pandemia del coronavirus agravó todavía más la situación familiar. «En aquella época yo era autónomo y había abierto un negocio, pero con el covid tuve que cerrar la tienda porque no podía hacer nada. Vendí todo lo que pude para intentar salir adelante», añade.

Posteriormente, la mujer se quedó embarazada y la pareja decidió mudarse a Torrejón de Ardoz en busca de una vivienda más adecuada para formar una familia y criar a su hijo en mejores condiciones. Sin embargo, el traslado también supuso un importante desembolso económico entre alquiler, fianza, mobiliario y honorarios inmobiliarios, lo que les obligó a pedir un nuevo préstamo.

La socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, señala que «su situación reflejaba una realidad que vemos con frecuencia: familias que no se endeudan por irresponsabilidad, sino por la necesidad de cubrir gastos básicos como la vivienda, la alimentación o el cuidado de los hijos, confiando en ingresos futuros que al final no llegan para cubrir esas obligaciones».

El hombre trató de mantener a flote la economía familiar desempeñando distintos trabajos, aunque los ingresos siempre resultaban insuficientes frente al incremento constante de gastos como alquiler, suministros, alimentación o productos necesarios para el cuidado del bebé.

«Habíamos tenido que comprar muebles nuevos, porque los del piso anterior no valían o estaban dañados por la humedad. Además, todo había subido de precio. Sin darnos cuenta nos fuimos metiendo en una situación complicada, aunque siempre intentábamos que todo saliera bien», explica.

La situación empeoró todavía más cuando se quedó sin empleo. La pareja comprobó que era prácticamente imposible compatibilizar trabajos precarios con la conciliación familiar, provocando una pérdida significativa de ingresos que no pudieron compensar con otras fuentes económicas.

Con la esperanza de mejorar su situación laboral y económica, asumieron nuevas deudas destinadas a cubrir necesidades básicas, reestructurar préstamos anteriores o pagar intereses acumulados. Sin embargo, el elevado coste de la vida y la imposibilidad de acceder a recursos públicos, como una plaza escolar gratuita para su hijo, agravaron todavía más el problema.

«En este caso concreto, la insolvencia no fue fruto de una mala gestión económica, sino de una suma de circunstancias adversas», recalca Marta Bergadà. «Nunca nos sobraba ningún céntimo, todo lo contrario, porque quitábamos de un sitio para cubrir otro», añade el marido.

El punto de inflexión llegó en enero de 2025, cuando un familiar les habló de la Ley de la Segunda Oportunidad. Poco después contactaron con Bergadà Abogados y comenzaron el procedimiento judicial.

Durante ese tiempo, aseguran que la presión de las empresas de recobro y entidades bancarias fue constante. «Nos llamaban muchísimo y, aunque bloqueábamos números, siempre sentía esa presión. Aun así, estábamos tranquilos porque confiábamos al 100 % en nuestros abogados», explica el matrimonio.

Finalmente, el juez acordó la exoneración de la deuda. «Cuando nos llamaron para comunicarnos que se nos había exonerado del pasivo insatisfecho, nos sentimos muy afortunados y con una gran felicidad, ya que nos habíamos quitado un peso de encima. Ahora vemos todo diferente. Esto ha sido una segunda oportunidad real», destacan.

Por su parte, Marta Bergadà concluye que «la resolución reconoce que los deudores actuaron de buena fe y que su situación de endeudamiento respondía a necesidades reales de subsistencia». La letrada añade que «muchas personas siguen pensando que no tienen salida cuando las deudas se acumulan, pero la realidad es que existen mecanismos legales que permiten empezar de nuevo».