Juzgan a la alcaldesa de Velilla por prevaricación urbanística: la Fiscalía pide 3 años de cárcel

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, la socialista Antonia Alcázar, se sentará el próximo miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento no actuó durante años frente a las molestias denunciadas por vecinos próximos al restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso MiraCorredor.

Alcázar está acusada junto al ex técnico municipal de Urbanismo, F. R. F., y los concejales E. I. A. S., responsable de Medio Ambiente, y J. P. R., titular del área de Urbanismo.

El escrito de acusación del Ministerio Público señala que los hechos se remontan al menos al año 2019. La Fiscalía considera que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos» pese a las numerosas denuncias presentadas durante años.

La causa gira en torno a la actividad del establecimiento hostelero situado en la calle María Zambrano número 9. El local disponía de licencia de restaurante concedida en 2006, pero, de acuerdo con la acusación, carecía de autorización para desarrollar actividades en el exterior, donde presuntamente se celebraban bodas, bautizos, comuniones y fiestas.

El escrito recoge que durante esos eventos se utilizaban equipos de música de alta potencia y pirotecnia, además de producirse concentraciones de personas hasta altas horas de la madrugada. La Fiscalía sostiene que algunas celebraciones se prolongaban hasta las cinco o seis de la mañana pese a las reiteradas quejas vecinales.

Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias registradas en el Ayuntamiento y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, para el Ministerio Público, únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores y todos quedaron paralizados sin resolución definitiva.

La Fiscalía sostiene además que los responsables municipales no adoptaron medidas cautelares ni actuaciones dirigidas a restablecer la legalidad urbanística, incumpliendo presuntamente la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Tres vecinos afectados reclaman indemnizaciones por las molestias sufridas durante esos años, especialmente en primavera y verano, cuando aumentaba el número de celebraciones y el ruido procedente del establecimiento.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión, multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.

Además, reclama que indemnicen conjunta y solidariamente con 4.000 euros a los vecinos perjudicados.

Hermana de la secretaria de Zapatero

Según han publicado varios medios, Antonia Alcázar es hermana de Gertrudis Alcázar, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero e investigada en la presunta trama corrupta que habría actuado para obtener beneficios económicos mediante «la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra», la aerolínea rescatada durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye a Gertrudis Alcázar «un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias», según recoge el auto en el que ha imputado al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.