La Justicia absuelve a la alcaldesa de Velilla de San Antonio de prevaricación

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto absolver a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar; al concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero; a la exconcejala Elena Abraham Suárez; y al resto de demandados, de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental, así como de la responsabilidad civil derivada del caso.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el fallo concluye que los acusados «no son autores de un delito continuado de prevaricación urbanística ni de prevaricación medioambiental previsto por los art. 320.1, 329.1 y 74 del C. Penal».

La sentencia pone fin al procedimiento por el que la alcaldesa fue juzgada junto a un extécnico municipal de Urbanismo y dos concejales del Ayuntamiento. La Fiscalía sostenía que el Consistorio no actuó durante años frente a las molestias por ruido denunciadas por vecinos próximos al restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontaban a 2019. La Fiscalía sostenía que en el citado restaurante se organizaban bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones al aire libre sin autorización, lo que provocaba continuas quejas vecinales por ruido y molestias.

El Ministerio Público mantenía que durante años se registraron numerosas denuncias vecinales e intervenciones de la Policía Local. Además, solicitaba para cada uno de los acusados tres años de prisión, multa e inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.

Tras conocerse la resolución judicial, Antonia Alcázar ha querido recalcar que «durante todos estos meses, hemos querido respetar el proceso judicial y sus tiempos, siempre desde la máxima prudencia confiando en todo momento en el trabajo de la justicia y en el desarrollo de las actuaciones judiciales».

Alcázar es hermana de Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigada en la presunta trama que habría actuado para obtener beneficios económicos mediante «la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra», la aerolínea rescatada durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez.