El nuevo registro ha entrado hoy en vigor con el sector en contra
El Ministerio del Interior ha activado este lunes el nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, concebido como «un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», ha informado el ministerio.
Desde este lunes, las empresas hoteleras y de alquiler de coches, así como las plataformas intermediarias en ambos sectores y las agencias de viaje, deben comunicar al registro los datos de los clientes con los que mantienen relaciones comerciales.
Este registro está recogido en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre de 2021, que está en vigor desde abril de 2022. Desde entonces, el ministerio asegura que ha mantenido «un diálogo constante con los sectores afectados y aplicado distintas moratorias a su puesta en funcionamiento para facilitar su adaptación al nuevo mecanismo de recogida de datos».
Interior explica que «el registro de pernoctaciones hoteleras existe desde 1959, y había quedado obsoleto con el paso del tiempo al no recoger nuevas modalidades de negocio como las viviendas turísticas de corta duración o los portales y centrales de reserva de habitaciones a través de medios digitales en Internet».
El nuevo registro permite ahora recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos; apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre la hospedería y los consumidores y plataformas digitales de reservas.
Estas empresas deberán volcar en el nuevo registro aquellos datos que recaben para su propia gestión comercial, datos que en su mayoría son los mismos que ya comunicaban al anterior registro activo desde 1959. Los datos que deberán aportar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco -en el caso de que alguno sea menor de edad- y los datos de la transacción (si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago).
Respecto al registro del alquiler de vehículos a motor, existe desde 1974 y «su normativa también ha quedado desfasada medio siglo después». Como en el caso anterior, el nuevo sistema obliga también, junto a las empresas dedicadas expresamente al alquiler de vehículos, a los operadores y las plataformas digitales dedicadas a la intermediación en estas actividades a través de internet.
El nuevo registro está alojado en la aplicación ses.hospedajes, gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, responsable de la custodia y protección de los datos que en ella sean alojados. Esta aplicación, según Interior, «simplifica y facilita las labores de procesado e integración de la información, ya que elimina los antiguos libros de registro que debían elaborar las propias empresas y los sustituye por la agilidad y funcionalidad de los modernos sistemas electrónicos de comunicación». «Es una aplicación segura y accesible que permite la integración de aplicaciones externas para facilitar el envío automatizado de la información y el volcado masivo de datos y aliviar la carga administrativa de las empresas obligadas», añaden las mismas fuentes.
La aplicación ses.hospedajes está ya operativa su que ha arrancado con fallos. A prueba durante este 2024, en la misma ya se han registrado más de 61.500 establecimientos hoteleros, 1.100 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y más de 1.700 empresas de alquiler de vehículos a motor.
Por su parte, durante estos meses de prueba, el registro de pernoctaciones y alquiler de vehículos ha recibido ya 4,8 millones de datos de clientes de estas empresas, «sin que su volcado se haya visto obstaculizado por impedimentos técnicos ni haya generado carga adicional en la gestión administrativa de los sectores obligados».
Interior señalado que el registro ses.hospedajes «no solo moderniza estos instrumentos policiales existentes en España desde hace décadas, sino que da además respuesta a dos mandatos incluidos en leyes vigentes en el ordenamiento jurídico». En este sentido, cita el artículo 45 del Acuerdo de Schengen de junio de 1985 establece la obligación de elaborar y poner a disposición de las autoridades las fichas de identidad de los clientes de establecimientos hoteleros; y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que en su artículo 25 obliga a diversos sectores económicos, el hospedaje y el alquiler de vehículos entre ellos, a disponer de un registro documental de sus clientes.
Este registro ha sido analizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que concluyó que su contenido queda amparado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. También el Consejo de Estado dio su aval a esta nueva regulación, añaden desde el ministerio..
Los hoteleros, en contra
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) anuncia que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros «debido a la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros».
La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales. «A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación», añade.
Para CEHAT, el nuevo reglamento «no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento».
Además, los hoteleros mantienen que se ven «obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo. CEHAT denuncia que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país».
