La medida, pionera en Europa, permitirá a inversores extranjeros desgravarse un 20% de lo invertido en Madrid en el tramo autonómico del IRPF
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional ha diseñado una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para incentivar la llegada de inversiones y «como contrapeso al impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez». Así, cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes 6 años.
«Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros… en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión», ha señalado durante su intervención en la 13 edición de Spain Investors Day, el principal foro financiero nacional que reúne durante dos días a las compañías cotizadas del país e inversores internacionales.
La medida fiscal del Gobierno autonómico –pionera en Europa– está vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En el caso de los primeros, no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los inmobiliarios sí que deberán de estar ubicados en la región.
En cuanto al volumen de la inversión no se establecen límites, es decir, que será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20% de lo invertido, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años.
Para poner en marcha esta nueva medida fiscal, el Gobierno regional modificará el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. La previsión es que este cambio sea validado en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno para iniciar así su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid y que la deducción entre en vigor durante este mismo año.
«En definitiva, cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que Madrid es libertad y prosperidad y que aquí será bienvenido», ha indicado la presidenta, para remarcar que con esta medida se quiere «recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia se atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional y seguridad en una región integradora y plural».
Por otro lado, el objetivo también es «trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este Gobierno (central), muy especialmente ahora ante el impuesto de patrimonio. Aquí hay futuro, en Madrid desde luego y dentro de unos meses, tras las elecciones generales, en España entera», ha subrayado.
Según las estimaciones que ha realizado la Comunidad de Madrid, esta nueva deducción tendrá unos efectos positivos en la economía regional, ya que favorecerá la llegada de inversión y, con ella, se generará actividad y empleo, lo que acabará teniendo impacto en la recaudación.
Así, por cada 1.000 millones, se generaría casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB regional. Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, cerca de 125 millones de euros, destaca el Ejecutivo autonómico.
«Se trata, por tanto, de una medida fiscal pensada para facilitar la llegada de inversión y para favorecer a las empresas que ya están erradicadas en la Comunidad de Madrid y que buscan inversores para poder expandir sus negocios. Se realiza a través de una deducción en la cuota autonómica del IRPF ya que las CCAA no tienen competencia en la gestión de tributos relacionados con empresas, como es el impuesto de Sociedades», señalan las mismas fuentes.
El objetivo, como ha explicado la presidenta, es contrarrestar los efectos perjudiciales para la economía del Impuesto de la Solidaridad de las Grandes Fortunas, un nuevo tributo estatal que podría ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos. Su aplicación acarreará una pérdida de 1.200 millones anuales de inversión extranjera para la Comunidad de Madrid.
El conocido como Impuesto de Patrimonio Bis supone para la Comunidad de Madrid una invasión de las competencias autonómicas en materia fiscal, por lo que el Consejo de Gobierno aprobó ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional este mismo mes de enero y solicitar su suspensión cautelar. El Ejecutivo madrileño considera que el nuevo tributo quebranta artículos de la Carta Magna, como el principio de igualdad al no tratar por igual a todos los contribuyentes españoles, perjudicando de manera especial a los madrileños.
En cuanto a su tramitación, se ha aprobado mediante una enmienda, no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y dictamen del Consejo de Estado. Además, tiene efectos retroactivos, vulnerando el principio de seguridad jurídica y no está justificada su creación, ya que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, saltándose lo recogido en la Constitución Española en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos, argumenta el Gobierno regional.
Por otro lado, destaca que en los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la mayor rebaja fiscal de la historia de la región, tanto en el impuesto de la renta como en sucesiones y donaciones. «De hecho, desde que Díaz Ayuso es presidenta cada madrileño se ha ahorrado 6.700 euros. También se ha bajado los impuestos a todas las rentas y se han suprimido los propios. Además, se han realizado 140 reformas de simplificación administrativa en asuntos como las licencias urbanísticas, las licencias de telecomunicaciones, o la instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo; y cuenta con la primera ley de mercado abierto de España, por la cual un empresario de cualquier lugar del país puede operar en Madrid sin realizar ningún trámite burocrático más», apuntan desde el Ejecutivo regional.
