La Comunidad de Madrid advierte sobre la incertidumbre que provocan las nuevas medidas laborales del Gobierno central
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se opone a la medida anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el despido mientras dure el estado de alarma. «Sin diálogo social, de manera ilegal y atacando a la libertad de empresa, el Gobierno decide prohibir el despido», ha escrito en Twitter.
La dirigente madrileña considera que el resultado será «en lugar de despidos, la empresa cerrará al completo. En lugar de despidos habrá despidos masivos. Los empresarios son la clave de la recuperación», asegura.
«La mayoría de los empresarios son clase media ahorradora que arriesga su patrimonio para crear empleo. Nadie despide por gusto; esos empresarios son comerciantes, dueños de un kiosco o de una sencilla peluquería. Y son los que más están ayudando en estos momentos», concluye Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid advierte sobre la «incertidumbre e inseguridad jurídica» que va a generar esta medida. Tras examinar el contenido del Real Decreto aprobado por el Gobierno central, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha subrayado que las nuevas medidas se han adoptado «sin consultar a las autoridades laborales de las comunidades autónomas, y desde el desconocimiento de la incertidumbre que han generado para empresas y administraciones autonómicas sus anteriores decisiones», añadiendo ahora un procedimiento adicional de revisión de oficio de todos los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) que se resuelvan, expresamente o mediante silencio administrativo positivo.
El establecimiento de esta revisión de oficio, en vez de optar por la seguridad jurídica que ofrece la revisión previa de los ERTE antes de su resolución o que se sustituya este trámite por una declaración responsable de la empresa, tal y como había solicitado la Comunidad de Madrid, expone a estas compañías a sanciones y recargos por el mero hecho de haber padecido «incorrecciones» en su solicitud. «La falta de criterios claros y escritos sobre qué deba considerarse una medida necesaria o con conexión suficiente con la crisis sanitaria es fuente de riesgo e incertidumbre para empresas y autoridades, generando riesgo de responsabilidad administrativa e incluso penal», advierte Giménez.
Por lo que respecta a la prohibición del despido por causas vinculadas a la actual crisis sanitaria, Giménez reitera el compromiso de la Comunidad de Madrid con todas las medidas que supongan la protección del empleo, pero reclama que esta protección se extienda también a los autónomos y empresas «que son los generadores de empleo real y de cuya viabilidad depende que se mantenga la actividad económica en nuestro país».
En este sentido, la Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que establezca un subsidio especial de desempleo para quienes hayan trabajado un mes en los anteriores seis meses a la crisis y carezcan de rentas alternativas, así como para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, al encontrarse estos especialmente necesitados de ayuda.
«Estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para resolver la situación creada por el altísimo número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo», ha señalado Giménez, quien apuesta por simplificar los trámites impuestos a empresas y ciudadanos y dar la seguridad jurídica que requiere la actual situación de crisis.
