La Policía Nacional ha detenido a 21 personas que lograron apropiarse de 1,62 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido a los 21 integrantes de una organización criminal que empleaba datos personales de las víctimas para estafas en alquileres, mediante las que se apropiaron de 1,62 millones de euros en 1.600 casos denunciados.
La red usurpaba los datos personales de las víctimas cuando contactaban con las plataformas para acceder a un falso puesto de trabajo, ya que facilitaban las fotografías del anverso y reverso del DNI.
Ese documento era empleado posteriormente para abrir cuentas bancarias en diferentes entidades donde depositaban los ingresos procedentes de alquileres fraudulentos.
Posteriormente extraían el dinero mediante reintegros en cajeros o transferencias a cuentas extranjeras. Además, también blanqueaba capitales para el entramado.
La mayoría de los detenidos, salvo cuatro españoles, son de nacionalidad rumana, seis de ellos tienen antecedentes y tienen entre 48 y 21 años.
Los arrestados están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
Los integrantes de la banda tenían amplios conocimientos de las nuevas tecnologías y utilizaban sistemas informáticos que permitían el anonimato de los interlocutores en sus relaciones por internet.
La red tenía su centro de operaciones en Coslada y contaba con una estructura perfectamente delimitada donde cada una de las personas que la integraban cumplían sus cometidos de manera coordinada.
Una persona de la organización, encargada de un locutorio, era el que desempeñaba las funciones de falsificador, ya que poseía altos conocimientos informáticos.
Desde se establecimiento tramitaba la contratación de un elevado número de líneas telefónicas, aportando identidades ficticias o provenientes de usurpaciones.
También contaban con la colaboración de un concesionario de coches que facilitaba al director de la organización vehículos sin necesidad de hacer ningún trámite, sin cambiar la titularidad de los mismos.
La investigación, que ha durado más de dos años hasta lograr las detenciones, sigue abierta ante la posible existencia de más víctimas e implicados en estos delitos.
