En el banquillo de los acusados se sientan el exjefe de la Policía Local y otras 11 personas, entre ellas su mujer y su hijo
La Audiencia Provincial de Madrid juzga de este lunes y hasta el 23 de marzo al exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, y a otras 11 personas acusadas de integrar o permitir una presunta trama de policías corruptos destapada en 2008 y por la que la Fiscalía pide más de 26 años de prisión para el presunto cabecilla.
Además de Ginés están acusados su mujer, su hijo, tres ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y seis agentes de la Policía Local de Coslada.
El caso Bloque se destapó el 8 de mayo de 2008 cuando la Policía Nacional detuvo a 26 policías locales (24 de ellos de Coslada) que supuestamente integraban una trama liderada por Ginés Jiménez y dedicada a extorsionar, supuestamente, a comercios y bares de copas.
Los que ingresaron en prisión quedaron libres poco después, salvo Ginés que estuvo en la cárcel casi un año, y en 2013 el mando policial fue condenado a un año y medio de cárcel por coaccionar a una testigo relacionada con el caso.
Ahora la Fiscalía pide para el supuesto líder de la trama 26 años y ocho meses de cárcel, inhabilitación para el ejercicio del cargo, dos multas que suman 130.000 euros y también el embargo de una cuenta bancaria, de 23.410 euros incautados en su casa y de una vivienda comprada por su mujer.
Se le acusa de los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.
El Ministerio Público considera que Ginés Jiménez era en 2008 el máximo responsable policial en la localidad madrileña de Coslada y se aprovechaba de su cargo «para vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio», actuando «de manera abusiva y arbitraria».
Para la mujer del exjefe policial y su hijo, la Fiscalía pide cuatro años de prisión y multa de 100.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, al considerar que se enriquecieron ilícitamente y utilizaron el dinero para gastos cotidianos y para la compra de dos pisos y un coche.
Además, la Fiscalía imputa a tres ciudadanos rumanos un delito de prostitución por el que solicita dos años y seis meses de cárcel ya que controlaban y exigían dinero a las prostitutas, a las que obligaban a trabajar en duras condiciones en un polígono del distrito madrileño de Vicálvaro.
Para el agente de la Policía Local Carlos M.R. solicita dos años y ocho meses de prisión y diez años de inhabilitación por un delito de cohecho, ya que era amigo de los procesados rumanos y acudía al citado polígono sin hacer «actuación alguna para perseguir el posible delito», consiguiendo, según la el Ministerio Púbico, servicios sexuales gratis.
A los otros cinco agentes también les imputa un delito de cohecho, por mantener esa misma actitud, y solicita para ellos una multa de 2.160 euros.
La defensa de Ginés niega que hubiera trama policial
La defensa de Ginés asegura que en la instrucción judicial, «el Juzgado ha dejado sin efecto el falso y tendencioso atestado policial inicial redactado por la UDYCO de Madrid en el que criminalizaba en su conjunto a un grupo de policías y a su jefe, atestado que Ginés siempre lo ha calificado de novela de Agatha Christie y por el que ha venido denunciando que se había producido un linchamiento corporativo por un enfrentamiento y una guerra de Policía Nacional y Policía Local de Coslada».
Niega por tanto que, como aseguró la UDYCO, hubiera trama de corrupción, ni mafia policial ni cabecilla, «al haberse archivado la asociación ilícita».
En la actualidad, recuerda, «todos los policías locales de Coslada (a excepción de Ginés y de otro policía local al que le concedieron la invalidez permanente) están trabajando y ejerciendo sus funciones desde hace ya varios años participando todos en las funciones operativas y tareas de seguridad ciudadana», después de que a 19 de los 26 policías inicialmente detenidos en 2008 «se les haya archivado todas las acusaciones».
Asimismo señala que «el Ayuntamiento de Coslada ya ha tenido que desembolsar más de 800.000 euros en concepto de indemnización, atrasos e intereses para el pago de todos los policías locales incorporados a sus puestos de trabajo, cantidad que sale de las arcas del Ayuntamiento y que pagan todos los ciudadanos».
