Inoculó tuberculosis en muestras sanguíneas de pacientes sanos
La Audiencia de Zaragoza ha condenado a 5 años de prisión a una técnica de laboratorio del Hospital Miguel Servet por poner en situación de riesgo a compañeros de trabajo al manipular de forma intencionada cepas de tuberculosis para contaminar muestras de pacientes.
La sentencia considera probado que la técnica, de 39 años de edad y natural de Guadalajara, actuó por «resentimiento y despecho» al ser trasladada de la sección de Micobacterias donde trabajaba a otra del mismo laboratorio, decisión con la que expresó «abiertamente» su «desacuerdo y enfado».
Según la resolución, la acusada, que tenía la categoría de técnico superior, se encontraba «a gusto» en su sección, «donde tenía una relación de confianza y amistad muy estrecha con el facultativo responsable de la misma».
En la creencia de que «no merecía» el cambio al formar parte del personal fijo del laboratorio, la mujer comenzó a inocular muestras de tuberculosis remitidas por la Organización Mundial de la Salud a pruebas hechas a pacientes del centro hospitalario zaragozano, sin tomar las necesarias medidas de seguridad para evitar el contagio de la enfermedad a sus compañeros.
Los magistrados acuerdan imponer las máximas penas previstas por los delitos imputados a la técnica, de riesgo y de falsedad en documento público, dada la «extraordinaria gravedad» de los hechos y la «maldad extrema» puesta de manifiesto por la acusada.
Además, el tribunal considera probado también que la acusada cambió la etiqueta de una muestra de un paciente con gonorrea con la de una mujer embarazada ingresada en el centro.
La acusada fue detenida el 1 de junio de 2016, con una etiqueta en su bolso que correspondía al nombre de la mujer embarazada.
El tribunal condena a la acusada a 2 años de prisión por un delito de riesgo y a 3 por la falsedad en documento público, y le impone, además, una multa de 12 meses a 8 euros diarios y 6 años de inhabilitación para ejercer su profesión.
Asimismo, le obliga a indemnizar en 8.473 euros al servicio del Salud del Gobierno aragonés, y a cantidades que suman más de 3.000 euros a cinco pacientes que sufrieron las consecuencias de sus acciones.
