El Consistorio tendrá que pagar 13.000 euros de indemnización
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce la vulneración del derecho fundamental a la intimidad e inviolabilidad del domicilio de una familia gitana en la Cañada Real (Madrid) y establece a su favor una indemnización de un total de 13.000 euros (2.000 euros por adulto y 3.000 euros por cada menor de edad).
Los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero de 2018. Ese día, la Dirección General de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, y en el marco de un operativo policial llevado a cabo en Cañada Real Galiana, «desalojó y derribó varias viviendas sin cumplir con el procedimiento legal establecido y sin mediar autorización judicial», señala la Fundación. Entre las viviendas afectadas se encontraba la de la familia demandante, formada por un padre, una madre y tres menores de 6, 4 y 1 año de edad.
La Fundación Secretariado Gitano (FSG), que ha acompañado, asesorado y representado a la familia demandante, ha mostrado su satisfacción por la sentencia y señala que «los desalojos forzosos constituyen violaciones graves de los derechos humanos, como es el derecho a una vivienda adecuada, más grave aún si se ven afectados menores. Los desalojos no sólo suponen una vulneración directa del derecho a la vivienda, sino que también tienen impacto en el acceso a otros derechos humanos, tales como el derecho a la educación y el derecho a la salud».
Asimismo, destaca que en el caso de la familia demandante, «además de haberse incumplido el procedimiento legalmente establecido para proceder al derribo de la vivienda, no se han proporcionado las salvaguardias o alternativas necesarias para garantizar una alternativa de vivienda, tal y como establecen los estándares internacionales de derechos humanos en los casos de desalojos de viviendas».
Y segura que el caso de esta demanda no es un hecho aislado en la Cañada Real Galiana: «Muchas han sido las familias desalojadas de manera irregular por diversas administraciones». Por todo ello, pide que, con carácter general, «se respete siempre el principio de legalidad en los derribos de viviendas, siguiendo el procedimiento legal establecido y dando posibilidad a las familias afectadas a dirigirse a los tribunales para hacer valer sus derechos. Además, las administraciones deben garantizar que se ofrezca una alternativa de vivienda digna a las personas afectadas por estos derribos, en cumplimiento de los estándares de derechos humanos aplicables y del propio Pacto Regional por la Cañada Real».
