Con la venta de estos vehículos habrían obtenido más de 4.500.000 euros de beneficios
La Guardia Civil, en el marco de la operación ha desarticulado una organización delictiva de ámbito internacional dedicada al tráfico ilícito de vehículos entre España y varios países europeos. Han sido detenidas 40 personas, 8 de ellas en Francia, de nacionalidades española, rumana, argentina y búlgara. A todos ellos se les considera los responsables del robo de 118 vehículos en nuestro país, de los cuales 61 han sido recuperados en Francia. Con la venta habrían obtenido más de 4.500.000 euros de beneficios.
En los diferentes registros practicados, se han recuperado varios vehículos que estaban preparados para su exportación al extranjero, así como útiles utilizados para la falsificación, además de matrículas y documentaciones extranjeras falsificadas.
Se han inspeccionado dos estaciones de ITV en Madrid, donde la organización pasaba las inspecciones de los vehículos previamente sustraídos y falsificados, así como cuatro talleres mecánicos y tres concesionarios en Madrid y Toledo, en los que se vendían los vehículos robados con los elementos falsificados, simulando proceder del extranjero.
Los robos estaban perfectamente planificados y se elegía la marca y modelo y las ubicaciones para llevarlos a cabo, preferiblemente zonas residenciales y áreas empresariales de Madrid. Llegaban incluso a realizar un seguimiento y estudio previo de las rutinas de los propietarios de los vehículos elegidos. En algunos casos, los propios delincuentes instalaban, sobre los potenciales vehículos a sustraer, dispositivos de seguimiento GPS para facilitar toda la labor anterior.
Cómo circunstancia novedosa, una rama de la organización contaba con dos grúas de asistencia en carretera, con las que se desplazaban a los lugares donde estaban estacionados los vehículos elegidos para ser sustraídos, y simulando una asistencia real los cargaban en las mismas transportándolos al término municipal de Griñón (Madrid), donde los dejaban enfriar unos días para detectar cualquier actividad externa sobre ellos. Posteriormente los trasladaban a una finca privada del municipio de Torrejón de Velasco (Madrid), donde se procedía a la falsificación de todos sus elementos y marcas de seguridad.
Otra modalidad de sustracción consistía en alquilar vehículos de la marca y modelo elegida, trasladándolos a distintos países europeos, donde una vez finalizado el plazo de entrega contratado, no los devolvían y los matriculaban en esos países con documentaciones falsas, previamente sustraídas de otros vehículos de idénticas características.
En otras ocasiones utilizaban un sistema más convencional, extrayendo la cerradura de la puerta para acceder al interior y, con un dispositivo electrónico que se conecta al puerto de diagnosis, anulaban el inmovilizador y lo arrancaban en pocos segundos.
Finalmente cambiaban la titularidad de los vehículos sustraídos para eludir cualquier acción policial o administrativa. Para ello, obtenían información de vehículos de idénticas características solicitando informes a la DGT, a través de una gestoría online de la provincia de Málaga, consiguiendo por menos de 10 euros que cuesta cada informe, todos los datos necesarios para utilizarlos en las documentaciones falsificadas.
De esta manera, tras falsificar la placa de matrícula y el bastidor de los vehículos robados con los datos de los legales, circulaban por nuestras carreteras dos vehículos con los mismos datos de identificación y de titularidad, lo que ha motivado, en varios casos, que los legítimos propietarios recibiesen denuncias de tráfico procedentes de provincias en las que no habían estado.
Otra vía utilizada por esta organización para introducir vehículos sustraídos en España, consistía en que una vez falsificados los bastidores, matrícula y documentaciones con datos de vehículos de Alemania o Suecia, principalmente, pasaban la ITV en España y, con este informe favorable, lo registraban administrativamente como procedente de esos países, cuando en realidad, nunca habían salido de España.
Una vez superados todos estos trámites y con los vehículos legalizados, algunos de ellos eran expuestos en concesionarios españoles, otros en compraventas franceses y otros por Internet, todos ellos con un precio de venta ligeramente inferior al de mercado, para así atraer a potenciales clientes y cerrar su venta cuanto antes.
Decenas de propietarios españoles habrían comprado vehículos en estos concesionarios, desconociendo realmente su procedencia ilícita. No obstante, y en previsión de que se descubriese que esos vehículos eran robados y fuesen entregados a sus legítimos propietarios, este grupo criminal instalaba dispositivos GPS en los mismos, para volver a robarlos de nuevo en caso de que las fuerzas de seguridad lo recuperasen y así empezar el ciclo de la falsificación de nuevo.
