El grupo municipal de IUCM-LV de Coslada ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al Patronato Municipal de Deporte por un presunto delito de prevaricación al no sacar a concurso un nuevo contrato para la explotación del servicio de cafetería y restaurante en unas pistas de tenis de la localidad
En un comunicado, IUCM-LV ha comentado que el Ayuntamiento de Coslada habría incumplido con su obligación de publicar un concurso para adjudicar el servicio mediante la formalización de un nuevo contrato, ya que el último finalizó el 7 el pasado 7 de noviembre y no admitía prórroga.
En declaraciones a Efe, el alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, ha dicho que el retraso en la publicación del concurso es una «anomalía» que ha achacado a la falta de recursos en el departamento de contratación municipal.
«Se ha encargado un informe, por si hubiera que dirimir responsabilidades, a la vez que el Ayuntamiento requirió por escrito a finales del pasado mes a la concesionaria que cesara su actividad en un plazo máximo de 15 días», ha apuntado el regidor.
Sin embargo, IUCM-LV ha sostenido que esta situación no es fruto de un «error administrativo», sino de una «acción premeditada» para «beneficiar a la empresa que venía prestando el servicio desde 2007».
En este punto, ha asegurado que tanto el presidente del Patronato -cargo desempeñado por el concejal de Deportes- como el director del organismo conocían la obligación de publicar el mencionado concurso.
«Fueron avisados por el departamento de contratación del Ayuntamiento con el tiempo suficiente para su tramitación, sin embargo no lo hicieron y lo que hicieron fue prorrogar ilegalmente la concesión a la empresa que estaba prestando el servicio», ha indicado la formación.
Por su parte Ciudadanos de Coslada ha anunciado que pedirá una comisión de investigación. El portavoz de la formación naranja, Bernardo González, ha justificado la moción que su grupo presentará en el próximo pleno por la «gravedad» de los hechos denunciados, que se han traducido presuntamente en una «situación ilegal» para la empresa concesionaria desde el pasado 7 de noviembre, cuando finalizó el contrato que le autorizaba a la prestación del servicio.
